Nuevo caso de inquiokupas en una urbanización de Boadilla del Monte. Los inquilinos, un matrimonio con tres hijos, no pagan el alquiler desde hace 3 años. Deben más de 30.000 euros.
Dejaron de pagar con el decreto de la pandemia que impedía los desahucios. "Cuando comenzaron los problemas con los pagos hablé con los inquilinos pero él cortó la comunicación y no he podido volver a contactar con ellos", señala el propietario.
Hasta el día de hoy, sus inquiokupas viven en una buena urbanización con piscina y zonas comunes, mientras que José Luis, el propietario, se encuentra en una situación vulnerable. Tiene 60 años, no trabaja y no dispone de ahorros. No le ha quedado más remedio que volver a vivir con su madre.
"He tenido que vender hasta mi coche", confiesa. El tener a unos morosos en su vivienda, además, le impide venderla para solventar su complicada situación económica. "Ojalá pudiera vender mi casa, porque así se solucionarían mis problemas", lamenta José Luis.