El contrato de la Supercopa de España en Arabia Saudí está bajo sospecha. Una legalidad que ahora tendrá que demostrar en el juzgado tras la querella criminal presentada por la asociación transparencia y democracia.
Una ética también puesta en entredicho tras las conversaciones filtradas con el comisionista implicado en la negociación, Gerard Piqué.
El segundo problema es la investigación del juzgado por el presunto desvío de fondos para la remodelación del Estadio de La Cartuja. El recinto fue elegido directamente por Rubiales para disputar allí la final de la Copa del Rey desde 2020.
La Federación inyectó fondos, a dedo, a la constructora Gruconsa, en la que trabaja un hermano del director de los servicios jurídicos federativos. Parte de dichos fondos retornaron, presuntamente a las cuentas de Rubiales y su entorno.
El último lío es la sospecha de la jueza de un presunto desvío de fondos de la Federación en operaciones con criptomonedas y amaños en la última Eurocopa.
Rubiales, en busca y captura, ha comunicado a la jueza que no regresará a España hasta el 6 de abril, aunque se pone a su disposición para regresar con anterioridad si esta lo estimase necesario.