Multa de 10.000 euros por medidas insuficientes en caso de ‘bullying’: "El protocolo es el obstáculo insalvable con el que nos encontramos"
- El centro ha sido condenado a pagar 10.000 euros por ignorar el acoso escolar que sufría la alumna
Un colegio concertado deberá pagar 10.000 euros a la familia de una alumna, a la que para preservar su intimidad llamaremos Camelia, por no proteger a la pequeña del acoso escolar que sufrió entre los 8 y los 12 años a manos de sus compañeros, quienes la insultaban por su origen asiático.
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Camelia, que ahora tiene 15 años, fue víctima de insultos racistas por los pasillos y en el patio que minaron su autoestima y personalidad. Su madre, Rosa afirma que a su hija “nadie la había querido escuchar. Era mucho más fácil, supongo que para todas las instituciones resultó mucho más fácil negar la mayor y no escuchar a la víctima”
Cuenta que al principio no tenían muy claro por lo que estaba pasando su hija, aunque sí notaban señales que les hacían pensar que algo ocurría hasta que, como ella misma nos cuenta “empecé a rascar un poquito y la niña ya empezó a decir lo que estaba pasando y rápidamente, pues fui al centro”.
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Nos explica que informó de todo al centro, al Inspector y la Directora del Área Territorial a la que facilitó el informe de la pediatra y la prueba forense. Pero que esta última le respondió que “ni el informe de la pediatra ni el informe forense ni nada, porque son emitidos por un tercero ajeno al protocolo y en el protocolo únicamente pueden intervenir los docentes”.
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Finalmente Camelia tuvo que abandonar el colegio al acabar 6º de Primaria. Añade Rosa que “el protocolo es el obstáculo insalvable con el que nos encontramos las víctimas”. Por eso Rosa se dedicó desde el primer momento a registrar el proceso para conseguir que su hija fuera escuchada, "ella me decía a mí, mamá, no vayas al colegio porque no te hacen ni caso y te tratan como una loca".
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La sentencia de un juzgado de primera instancia madrileño, ahora ratificado, estima que la menor “no solo sufrió insultos y vejaciones de connotación xenófoba, discriminaciones o diversas burlas, sino también indefensión por parte del centro”. Asegura que el establecimiento adoptó medidas “banales” y “de poca entidad” que no erradicaron la situación un curso tras otro.
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Rosa asevera con contundencia que “a mi hija no se la ha escuchado hasta que la escuchó la juez y ella lo dice con mucho orgullo” y que la sentencia favorable ha sido muy sanadora para Camelia.
