Los pasos concretos que puede dar el Gobierno ante el desafío soberanista catalán son varios, aunque hay que esperar a que la idea de separación tome forma.
Ese el momento. Cuando la resolución pase de ser una mera declaración de intenciones, a una propuesta formal aprobada por el parlamento catalán. Y el primer paso es acudir al Tribunal Constitucional le corresponde al presidente del gobierno recurrir al alto tribunal para que éste suspenda la resolución soberanista.
El Tribunal Constitucional podría además inhabilitar a las personas que le desobedezcan, según algunos expertos, ése sería un caballo de batalla complicado porque la última reforma de la Carta Magna está pensanda para aplicarse a autoridades, no a diputados. El siguiente paso sería ejecutar el artículo 155 de la Constitución, que habilita al gobierno para adoptar medidas contra una comunidad autónoma que actúe contra los intereses generales de España.
El texto no especifica nada concreto sobre la suspensión de la autonomía. Con las cortes disueltas, no está claro si la Permanente del Senado puede asumir todas las competencias para el trámite del 155.
Todos los expertos constitucionalistas apuntan a que la resolución catalanista es nula de pleno derecho porque va en contra de la Carta Magna. Pero la batalla jurídica será compleja porque nos enfrentamos a un problema político.
