La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido a doce personas en la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II que dirige el juez Eloy Velasco, entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su hermano Pablo. Fuentes de la investigación han informado de que se investigan presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Entre los arrestados está también Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal, mientras que la mujer del expresidente madrileño, Lourdes Cavero, está siendo investigada, han indicado las mismas fuentes.
Rodríguez Sobrino fue cesado hace un año como presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos. Su salida del Canal, al que llevaba vinculado desde 2006, coincidió con la aparición de su nombre en los papeles de Panamá.
Fuentes jurídicas y fiscales han informado de que la investigación se centra en personas vinculadas al anterior Gobierno regional madrileño por operaciones "para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio". La operación de hoy tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción abierta en 2015 por las supuestas irregularidades del canal de Isabel II. En julio del año pasado la Fiscalía judicializó su investigación, momento en que agentes de la UCO comenzaron las pesquisas.
También en verano del año pasado la Comunidad de Madrid puso en conocimiento de la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del Canal en América. Poco después, el actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ordenó el cierre de una decena de empresas que en Latinoamérica tenían poca actividad o ésta no se corresponde con las relativas al ciclo integral del agua.
A la docena de arrestados se suman diferentes registros en la capital, entre ellos el domicilio de Ignacio González en el distrito de Moncloa-Aravaca que se está desarrollando desde primera hora de la mañana. Efectivos de la UCO también están registrando la sede de Canal de Isabel II, la de Mercasa, la empresa pública de la que es directivo el hermano de Ignacio González, o la casa de subastas Segre que preside Lourdes Cavero, la mujer del expresidente madrileño.
Entre los delitos que se investigan destaca la compra fraudulenta de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes que fue denunciada el mes pasado ante la Fiscalía por PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Los tres partidos presentaron un informe que recogía presuntas irregularidades en la compra por parte de Canal Isabel II de esta empresa con un "quebranto" que Podemos cifra en 35 millones. Según el informe, la empresa Emissao se compró por 21,4 millones de euros y un mes después su patrimonio neto era de 10,629 millones según las cuentas del Canal; un año después, el valor era de 5,380 millones.
Estas presuntas irregularidades no se limitarían a la compra de Emissao, constata la denuncia que hace uso del trabajo de la comisión de estudio del endeudamiento de la Asamblea de Madrid, en la que están representados todos los partidos.
SE SIRVIÓ DE UNA TRAMA FAMILIAR EN LA QUE PARTICIPARON SU HERMANO Y UN CUÑADO
La investigación se centra en la compra fraudulenta de filiales en Iberoamérica y también en otras operaciones sospechosas relacionadas con la venta de suelo propiedad de la empresa de aguas de Madrid. En una de esas operaciones intervino como promotor José Juan Caballero. Se trata de la construcción del parque deportivo de golf en Chamberí, que se encuentra a escasos metros de la sede central del Canal Isabel II en Santa Engracia en la que se ha personado este miércoles la Guardia Civil.
José Juan Caballero es cuñado de Ignacio González y figura, según los investigadores, en el círculo de personas de confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid. Las obras y la explotación del campo de golf en Chamberí fueron adjudicadas durante su etapa como máximo responsable en el Canal a empresas temporales dirigidas por un entramado familiar en el que figuran el hermano y el cuñado de González.
La UCO ha desplegado bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco un amplio operativo desde las ocho de la mañana. Se han practicado más de 30 registros, principalmente en Madrid, aunque también se han realizado en empresas y domicilios situados en Valencia.
MERCASA, SUBASTAS SEGRE E ICM
El juez acusa a los doce detenidos de ocho diferentes delitos de corrupción: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Entre las empresas a las que se ha requerido información figuran Mercasa, de la que es directivo Pablo González, y Subastas Segre, de la que es propietaria la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Los requerimientos para obtener información, con orden judicial para proceder a registros en el caso de que no haya colaboración, se han dirigido contra otras empresas como la agencia de comunicación ICM. Los agentes de la UCO llevan más de un año investigando esta presunta organización criminal en una operación que continúa abierta.
La causa judicial, declarada secreta, se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio, si bien las diligencias fiscales fueron iniciadas un año antes, en 2015, han precisado fuentes del Ministerio Público.
La investigación de estas irregularidades, por lo tanto, es bastante anterior a la investigación interna que fue anunciada en mayo de 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. En dicha ocasión, la Comunidad de Madrid informó de que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013.
EL CANAL DE ISABEL II CERRÓ DIEZ EMPRESAS EN LATINOAMÉRICA HACE NUEVE MESES
El Canal de Isabel II ordenó en julio de 2016 el cierre inmediato de diez empresas que el organismo tenía en Latinoamérica porque tenían poca actividad o porque la misma no era "razonable y compatible" con la gestión del agua. Fueron las razones que el presidente del Canal y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ofreció a los medios de comunicación el 1 del julio del pasado año, fechas en las que el Ejecutivo llevó a la Fiscalía sus sospechas sobre la gestión del equipo anterior.
Garrido explicó que la acción que se desarrolla fuera de las fronteras españolas "debe de ser integrada en aquellas materias que son propias de competencia del Canal, que es la gestión del ciclo integral del agua, y no otras cosas, como pueden ser cobros". Entre las empresas con orden de cierre Garrido destacó la radicada en Brasil Emissao Engenharia e Construçoes.
Una empresa cuya compra supuestamente fraudulenta ya se estaba analizando por parte del Canal, que aprobó por unanimidad que se trasladara a la Fiscalía todos los hechos en relación con esta operación. Para entonces, desde 2015, la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba la presunta corrupción del Canal, unas pesquisas que se judicializaron en julio de 2016, momento en el que la Comunidad de Madrid trasladó a la Fiscalía sus sospechas.
Ahora, el juez Eloy Velasco ha ordenado doce detenciones, incluida la del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. La investigación se centra precisamente en si las operaciones desarrolladas se usaron para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio.
Además de denunciar esas supuestas prácticas, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II acordó elaborar dos informes de auditoría, uno por parte de los servicios internos del Canal y otro más exhaustivo -"equipo forense"- sobre la compra de esta empresa brasileña.
En total, el Canal tenía una veintena de empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil que lograron en 2015 un total de 19,21 millones de euros de beneficios, un 93 por ciento más respecto al año anterior, según dijo Garrido el pasado verano.
EL PP SUSPENDE PROVISIONALMENTE LA AFILIACIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ TRAS SU DETENCIÓN
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha acordado este miércoles la suspensión provisional de afiliación del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, según ha informado el PP en un comunicado.
Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, ha sido detenido en el marco de una operación de la Guardia Civil relacionada con la gestión del Canal de Isabel II, organismo que presidió ente 2003 y 2012.
