La Fiscalía de Madrid ha pedido el sobreseimiento provisional del caso de "seguimientos" a políticos de la Comunidad de Madrid al no apreciar suficientes indicios que acrediten un delito de malversación de caudales públicos, han informado fuentes fiscales.
La Fiscalía entiende que las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer el supuesto caso de espionaje a cargos del partido en la región madrileña no arrojan "suficientes" indicios para imputar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
La Audiencia de Madrid ordenó en junio del año pasado reabrir por tercera vez el caso de los supuestos seguimientos a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre al considerar que había indicios de un delito de malversación de caudales públicos por parte de cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad acusados.
Los magistrados estimaron que, como ya habían sostenido en ocasiones anteriores, había indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios y guardias civiles Sergio Gamón Serrano, Miguel Castaño Grande, José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.
Están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.
Ahora la Fiscalía sostiene que las diligencias de instrucción practicadas no han acreditado que los investigados hayan destinado a usos ajenos a la función pública "caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones".
A su juicio, no se han aportado pruebas que demuestren que los vehículos o teléfonos puestos a su disposición de las personas investigas fueran utilizados para hacer seguimientos. "Tampoco ha sido posible concretar -añade el escrito del fiscal- qué consumos telefónicos o de combustible pueden estar relacionados con los hechos imputados", ni tampoco, como consecuencia de lo anterior, si dichas diligencias han contribuido a concretar el importe de la defraudación.
La Fiscalía también argumenta que "no es posible" cuantificar la cantidad presuntamente malversada ni tampoco está acreditado el ánimo de lucro, por lo que no se puede aplicar la consideración de malversación.
