El titular del juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, Teodoro Ladrón, ha aplazado las conclusiones de la macrodemanda interpuesta por la asociación Adicae junto a 2.143 preferentistas de Caja Madrid hasta el próximo septiembre, cuando se prevén los informes finales.
Así lo ha acordado el magistrado tras valorar las solicitudes de las partes, que deberán remitir antes del 14 de septiembre una valoración definitiva de la nueva documentación aportada a un procedimiento iniciado en 2013 y que, según las estimaciones de Adicae, representa un monto "defraudado" de 64 millones de euros.
Durante la sesión, celebrada en el salón de actos de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por cuestiones de aforo, el letrado de la asociación, Antonio Castro, ha reiterado la petición de nulidad por abusivas de las condiciones generales que regían la contratación de este producto híbrido al estimar que "fueron impuestas a todos los clientes que no tuvieron opción de leerlas".
Además, ha afirmado que en el caso de las preferentes "hubo una trama para ocultar información" a los clientes, y ha cargado contra la entidad por "no haber realizado un test de idoneidad antes de la comercialización".
Castro también ha afeado a Caja Madrid y Bankia, codemandada como heredera del negocio de la primera, una "cierta falta de respeto" por asegurar que el proceso no tenía recorrido legal, y ha sostenido la necesidad de una sentencia condenatoria que garantice el fin de "conductas y clausulados abusivos".
En este sentido, el representante legal de la extinta caja madrileña ha alegado que "no se puede apelar al pasado para sostener este procedimiento" ya que "no hay ningún riesgo para el consumidor desde abril de 2013, cuando el FROB acordó la amortización de estas participaciones", una protección refrendada después por el cambio en la normativa bancaria.
Además, se ha lamentado de que la demanda sea una "suerte de causa general contra la comercialización de preferentes que busca la devolución indiscriminada de todo lo invertido".
