El PP de Rivas ha pedido hoy que una comisión de investigación estudie la concesión durante 14 años de contratos de escuelas de tenis del Ayuntamiento de Rivas (IU) a un mismo administrador que representaba a varias empresas cuyo apoderado o copropietario era técnico municipal.
Según el PP, el Ayuntamiento de Rivas permitió la concesión continuada de más de veinte contratos al mismo administrador -aunque representando a las empresas Sport & Tennis Professional Service y Sport & Racket Professional Service- por un importe global que suma aproximadamente dos millones de euros.
Fuentes municipales han asegurado a Efe que, cuando el Ayuntamiento detectó en 2008 esta "irregularidad administrativa", rescindió el contrato "inmediatamente" y se convocó un concurso público. Asimismo, han remarcado que el Consistorio tiene abierto un expediente informativo al respecto, según han añadido las mismas fuentes.
En un comunicado, el PP ha considerado insuficientes las explicaciones aportadas por el concejal de Deportes de la localidad, Raúl Sánchez, cuando compareció para dar cuenta de estos contratos en un pleno del mes de octubre. Ha insistido en censurar la "coincidencia" que supone que un técnico superior de deportes del Ayuntamiento -que ha desempeñado, además, otros cargos municipales- fuera copropietario o apoderado de las empresas adjudicatarias.
Por ello, ha instado al responsable de Deportes a confirmar si conocía que ese funcionario cambió, en ese periodo, de copropietario a apoderado de la empresa adjudicataria. Fuentes del PP aseguran que estos contratos contaron con la aprobación, entre otros, de la exconcejala del Área de Servicios a la ciudadanía de Rivas, diputada regional y aspirante a las primarias de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez, edil en Rivas entre 2007 y 2011.
De ese modo, han pedido que se clarifique la responsabilidad de la entonces concejala de Área en los procesos de prorroga, rescisión o licitación firmados en ese periodo. En este sentido, el PP considera "llamativo" que ni Raúl Sánchez ni Tania Sánchez apartaran al funcionario de los procesos de licitación y control de una empresa de la que fue propietario o apoderado.
