Una casa de Usera oculta varias infraviviendas sin licencia y de menos de 20 metros cuadrados para arrendar por unos 500 euros. Al parecer, no se trata de la única vivienda dividida en estudios que el propietario tiene en alquiler.
Cada mes, los dueños se embolsan unos 5.000 euros por vivienda sin declarar y en los bloques se han hecho obras sin ningún tipo de licencia. Pero eso no lo es todo, algunas sufren humedades y plagas de cucarachas.
Fue la inquilina de una de estas viviendas, tras la negativa de los propietarios de arreglar los problemas de aguas fecales y humedades, quien llamó a la Policía, lo que les llevó finalmente a investigar y hacer las respectivas comprobaciones sobre la vivienda.
Después de lo ocurrido, técnicos del Ayuntamiento de Madrid han estado estudiando las condiciones de salubridad y seguridad y comprobar si los propietarios cuentan con la licencia necesaria para acometer la división que, tal y como apunta la investigación de la Policía Municipal, se hizo sin los permisos y sin declarar la actividad a Hacienda.
24 horas después de localizar el primer 'bloque patera' en el número 38 de la calle Salvador Martínez, un equipo de Madrid Directo descubre otra casa en el número 287 de la Avenida Abrantes en las mismas condiciones al interesarse por el alquiler de una de estas viviendas.
30 minutos después de nuestra llegada y tras visitar la vivienda más de diez parejas, decidimos desvelar nuestra identidad y hablar con la supuesta propietaria, quien asegura no saber si tiene todo legal y ser una intermediaria.
Según nos cuenta, tienen en alquiler más viviendas divididas en estudios. Tres en Usera y otra más en Entrevías. Entre los vecinos de la zona son conocedores de la situación, pero no han querido dar declaraciones al respecto.
Tras la revisión de los técnicos del Ayuntamiento en el citado bloque, tan solo una de las viviendas cuenta con las condiciones aptas para vivir. Asimismo, declaran que la vivienda tendrá que volver a su estado original tras las obras acometidas.
Además, esta tarde, Samur Social y la Policía Municipal han acudido de nuevo para coger los datos de todos los residentes para poder estudiar una ayuda para ellos, ya que la vivienda podría precintarse.