A mediodía terminaba el realojo de los primeros vecinos que fueron desalojados por las obras de la línea 7b de metro. Entre aplausos, salían Marciala, de 96 años, y su hija. Como ellas, el resto de familias afectadas abandonaban el apartahotel donde han vivido los últimos seis meses tras el derribo de sus casas.
Este martes finaliza el contrato de emergencia que ha cubierto hasta ahora su alojamiento, pero han conseguido que la Comunidad de Madrid adelante el importe de seis meses de alquiler mientras tramita los expedientes de responsabilidad patrimonial y sus indemnizaciones.
Desde la Comunidad de Madrid se ha planteado poder adelantar parte de indemnización que recibirán por el derribo de sus viviendas en las que no se podía garantizar la seguridad.
Por su parte, la Plataforma de Afectados por Metro ha convocado este martes una manifestación en San Fernando de Henares, ante los nuevos realojos en la ciudad la pasada semana, que afectan al número 7 de la calle Rafael Alberti.
La marcha arrancará en la calle Algorta a las 19 horas y finalizará en la plaza de España. El alcalde de la localidad, Javier Corpa, aseguró este lunes que secundarán la convocatoria.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, arrancó precisamente esta semana con una reunión en San Fernando para explicar tanto a los nuevos realojados como a aquellos que han estado desplazados desde marzo los siguientes pasos a dar y las posibilidades que tienen.
Este fin de semana se llegaba a la conclusión de que era necesario desalojar a familias del 7 de Rafael Alberti, concretamente a 30 que han sido reubicadas en alternativas habitacionales. En el mismo se van a acometer trabajos de consolidación del terreno en busca de conseguir condiciones de seguridad para sus habitantes. En caso de que no se consiga, tendrían que derribarse.
En el caso de aquellos que abandonaron sus viviendas hace 6 meses y cuyos inmuebles fueron derruidos el consejero adelantó ayer que ya han recibido la solicitud formal del adelanto de parte de la indemnización por parte de cinco familias, que usarán esos fondos para sufragar su alojamiento hasta que se tramiten completamente las compensaciones.
La Comunidad ha garantizado que el proceso se hará todo lo rápido que se pueda para "cerrar" una brecha abierta a raíz de los problemas de esta infraestructura inaugurada hace ya 14 años.