La Comunidad de Madrid solicitó a jueces y fiscales que agilicen los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles, según petición de los consejeros de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y de Vivienda y Administración Local, David Pérez, a la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y la jueza decana de Madrid, Mª Jesús del Barco, durante la reunión que mantuvieron hoy.
El objeto del encuentro, impulsar la coordinación entre la Administración autonómica y la Justicia madrileña en los casos de ocupación ilegal de inmuebles. Esta reunión se enmarca dentro de las reuniones de la 'Mesa de Vivienda y la Okupación', creada por el Gobierno autonómico para atajar el problema de la ocupación ilegal.
Durante la misma, los consejeros trasladaron la necesidad de buscar sinergias y protocolos de actuación que permitan acortar al máximo los plazos para llevar a cabo la recuperación de viviendas que hayan sido usurpadas.
López y Pérez también plantearon la necesidad de que, en las ocupaciones que afecten al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, la Policía Judicial -adscrita al Juez Decano de Madrid- tenga facilidades para identificar a los presuntos responsables, ponerlos a disposición de la autoridad judicial y proceder a la devolución del inmueble.
"Desde la Comunidad de Madrid queremos luchar contra este fenómeno y buscar soluciones que en el ámbito judicial permitan agilizar los procedimiento para resolver este conflicto", ha aseverado el consejero madrileño Enrique López, quien ha detallado que se trata de identificar los déficits legislativos para llevarlos a la mesa de trabajo y proponer al Gobierno central reformas legales.
Por su parte, David Pérez ha recalcado que la lucha contra este problema pasa por tres ámbitos; determinación, coordinación y modificaciones legislativas. "Actualmente, es imposible llevar a cabo desalojos rápidos y eficaces", ha recalcado. "Queremos que esas viviendas okupadas vayan a las familias que lo necesitan. Esto es un problema social y hay que evitar la condescendencia que ha habido desde el ámbito de la izquierda y el oportunismo", ha recalcado. De igual modo, ha subrayado que esta problemática debe abordarse "con rigor, discreción, con la ley en la mano y con coordinación desde los diferentes ámbitos implicados". "Nuestra obligación es buscar una forma de restablecer la legalidad", ha dicho.
Esta tipología delincuencial afecta a 4.000 viviendas de la región, registrando el Gobierno regional 1.500 demandas relativas a viviendas okupadas de la Agencia Social de la Vivienda.
Usera es el distrito madrileño con más casas okupadas, mientras que en ámbito regional son las grandes ciudades del sur de la Comunidad las más castigadas.
