El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un decálogo de medidas para garantizar el derecho a la vivienda con una serie de políticas a continuar en un siguiente mandato, que incluye la protección de las viviendas en zonas con alta presión inmobiliaria, vía plan especial de implantación de uso del hospedaje, o convertir el suelo industrial sin uso en vivienda pública.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha presentado el decálogo junto a la alcaldesa, Manuela Carmena, y la presidenta de la EMVS, Marta Higueras, diez puntos que incorporan la construcción de vivienda pública para familias jóvenes en un 30% y, más allá de las competencias municipales, impulsar un cambio en la ley con el que contener los precios del alquiler.
Rehabilitar para reequilibrar es otro de los puntos con la vista puesta en el plan Mad-Re, junto a la atención a la emergencia social y la puesta en uso de locales y viviendas vacíos mediante la compra de inmuebles, las bonificaciones fiscales para favorecer que las viviendas vacías salgan al mercado la incentivación de que solares vacantes se destinen a viviendas.
El decálogo incluye en su punto ocho la mejora y ampliación del uso público disponible garantizando que todas las cesiones que reciba el Ayuntamiento se efectúen en forma de suelo. El nueve se centra en el fomento de la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda y el diez pasa por firmar acuerdos con particulares para conseguir alquileres asequibles.
Las diez líneas de actuación pública consideradas fundamentales para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad de Madrid arrancan con la apuesta por la vivienda pública para familias jóvenes, de modo que el Gobierno municipal destinaría en una siguiente legislatura un 30% a este colectivo, además de tener en cuenta que cada vez existe un mayor número de viviendas habitadas por una o dos personas a la hora de adaptar los parámetros de construcción de las nuevas viviendas.
Planes estatales y regionales
Fuera de las competencias municipales, el Gobierno quiere impulsar la modificación del marco legislativo estatal y autonómico para fomentar el alquiler asequible y de calidad mediante limitaciones a los precios de alquiler a través del establecimiento de índices de referencia en función de parámetros objetivos como la localización, dimensión, estado de conservación o acceso al transporte público. Además, se considera necesario impulsar cambios legislativos a nivel autonómico y estatal, en aquellas materias relacionadas con suelo municipal, como la nueva Ley del Suelo, así como aprobar una Ley integral de Vivienda y un Planteamiento Regional.
