La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dijo este miércoles que los alumnos de Ballicherato que pasan "con alguna asignatura suspendida" a segundo curso y se matriculan en otras de ese nuevo curso, si tampoco aprueban todo tendrían un tercer año para terminar. Esto se añade a la propuesta de conceder el título de Bachillerato a alumnos con un suspenso, siempre a criterio de los profesores.
Así lo explicó tras comparecer en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Educación y Formación Profesional, donde explicó las claves del anteproyecto en el que está trabajando el Ejecutivo para derogar "jurídicamente" la Ley de Mejora Educativa (Lomce), impulsada por el Gobierno del PP. Ese tercer curso se debe a la voluntad de "restringir las repeticiones", aseveró. "Esta es una de las novedades y la otra es la posibilidad de que si el equipo docente considera que el alumno ha aprobado todas las materias, excepcionalmente, puede -recalcó- darle el título aunque no haya llegado al cinco en una de ellas. De 20, en una", dijo, refiriéndose a las materias que cursan los alumnos en esa etapa de Bachillerato.
"El objetivo es que nadie se quede atrás, que todo el mundo consiga sacar el máximo de sus potencialidades" y que "no salgan del sistema personas sin titular, porque es condenar a esas personas a un empleo no digno durante tu vida desde los 14 o 15 años", añadió.
En la línea de evitar repeticiones, dijo, también se llevará la Primaria "a ciclos" y no a cursos como estaba en la Lomce. "Porque en la repetición no se gana. y además ponemos apoyos" para quienes en última opción vuelve a la casilla de salida.
Durante la comparecencia, Celáa detalló que la Ley de Mejora Educativa impulsada por el Gobierno del Partido Popular (Lomce) se derogará por completo "jurídicamente" con una reforma de 93 puntos de la anterior ley (impulsada por los socialistas), la LOE.
Según ese texto, la asignatura de Religión no computará y no tendrá "asignatura espejo", se dará mayor peso a los centros, se impulsará una asignatura de Valores cívicos y éticos y que al final de la etapa educativa los alumnos sepan manejarse en las lenguas cooficiales.
El anteproyecto se encuentra abierto a sugerencias de toda la comunidad educativa. El trato a la Religión, dijo, responde a los acuerdos con la Santa Sede, y la asignatura será de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado. Seguirá siendo evaluable pero no computable para la obtención de una beca, ni para la prueba de acceso a la universidad "porque ello no sería justo para quienes libremente eligen no cursar esta materia".
El anteproyecto no establece otra asignatura "espejo" como alternativa. "El derecho de unos a cursar estas enseñanzas religiosas no puede conllevar la obligación de otros a estudiar algo que no han elegido", aseveró.
RELIGIÓN Y LENGUAS COOFICIALES
Celaá también habló de la materia de Valores cívicos y éticos, que se impartirá tanto en Primaria como en Secundaria y además sus contenidos serán transversales en otras materias.
El anteproyecto también pretende restaurar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros e impulsará, en el último curso de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, evaluaciones de diagnóstico por parte de las administraciones educativas para chequear las competencias básicas alcanzadas por los alumnos.
Finalmente, Celaá habló del reparto de competencias a las autonomías y las lenguas cooficiales. "Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación básica con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua", añadió.
PORTAVOCES
En la comisión también tomaron la palabra representantes de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto, Sergi Miquel i Valentí se mostró de acuerdo con la ministra y mostró su deseo en revertir los artículos más nocivos de la Lomce "para la educación y para Cataluña". "Cualquier tiempo pasado nos parece mejor", dijo en referencia al tiempo del ministro 'popular' Wert y su propuesta a "españolizar Cataluña".
También manifestó su apoyo al diagnóstico que hace la ministra sobre el sistema educativo el diputado del Grupo Vasco Joseba Andoni Agirretxea, porque considera que ante una "catástrofe" primero hay que atajar "la urgencia". El parlamentario criticó que "algunos pobres intelectualmente" defienden en Cataluña y el País Vasco que se regule por ley "el derecho a no saber una lengua".
En ese punto también coincidió Joan Olòriz, del Grupo de Esquerra Republicana, que calificó de "urgente y necesario" reconstruir lo "perdido en el camino por la crisis económica y el mal gobierno político" que impulsó la Lomce, una norma que tildó como "contraria a los intereses de la educación", nacida en la falta de consenso, con "financiación inexistente y sesgo ideológico ultra conservador". Por ello, anunció a Celáa: "No pondremos ninguna traba a que estos cambios se hagan lo antes posible".
QUERENCIA PREOCUPANTE POR EL REMEMBER
La diputada de Ciudadanos Marta Martín reprochó al Gobierno que ahora no dé "garantías" para destinar el 5% del PIB a educación, a partir, en su opinión del presupuesto remitido por el equipo de Pedro Sánchez a Bruselas. Precisamente, ese porcentaje fue uno de los principales puntos que reclamó el Grupo Socialista antes de abandonar la subcomisión del Pacto Educativo la pasada primavera. "La LOE es una ley obsoleta que no dio buenos resultados. Abran la mente", pidió Martín, que aseguró que el Ejecutivo tiene una "querencia preocupante por el 'remember'". "Vuelven a los grandes éxitos noventeros", dijo, en referencia a la Religión y la demanda social para abrir nuevos centros concertados.
El Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea tuvo dos portavoces en la citada comisión. El diputado Javier Sánchez mostró su apoyo "para derogar la lomce", pero "no volviendo a la LOE", sino "a una ley de 2018 por una educación pública" y que frene "la ola concertadora".
Su compañero de grupo, Joan Mena, puso el foco sobre los presupuestos para que la reforma educativa que plantea el Gobierno tenga sentido. "Sin presupuestos no habrá ley de Educación porque con los presupuestos de Mariano Rajoy no puede haber cambio", dijo. "No tiren la toalla en la defensa de estos presupuestos", aconsejó, reclamando derogar los acuerdos con la Santa Sede, pues en su opinión es "uno de los principales obstáculos democráticos".
La portavoz socialista, Mª Luz Martínez Seijo reconoció que hay "mucha prisa" para que sean revertidas "las medidas más controvertidas de la Lomce" y para tramitar su reforma y apuntó a que, pese a lo que refleja el anteproyecto sobre la asignatura la intención del PSOE es "ver la Religión fuera del horario lectivo, extracurricular". En este punto, la ministra invitó a los parlamentarios a legislar, pues el Gobierno, agregó, ha de ceñirse a las leyes actuales.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular intervino Sandra Moneo, que advirtió a Celaá de que recuperar la LOE es "la vuelta al pasado", lo que tendrá un precio "altísimo", ya que con esa norma el abandono educativo temprano rondaba el 30%. Moneo considera que la propuesta de reforma del Ejecutivo en materia educativa responde a las concesiones a los socios de Pedro Sánchez para acceder a La Moncloa. También criticó la "celeridad pasmosa" de la reforma, "lejos del sosiego que requiere el diseño de un nuevo modelo educativo" y desterrando "la cultura del esfuerzo y la excelencia".
