El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incrementar las cotizaciones sociales en 0,5 puntos porcentuales a partir de 2023 y hasta 2032 para dotar el Fondo de Reserva o 'hucha de las pensiones' y afrontar el aumento del gasto previsto. La propuesta, conocida por Servimedia, fue trasladada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los agentes sociales en la reunión que tuvo lugar en la tarde del martes para abordar el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pretende sustituir al Factor de Sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013.
El nuevo mecanismo sería “contingente y temporal” y actuaría sobre una serie de parámetros con el fin de preservar “el equilibrio entre generaciones” y “fortaleciendo” la sostenibilidad del sistema a largo plazo, según el documento planteado.
Las medidas se dividen en un primer bloque en el que se propone elevar la cotización en medio punto a partir de 2023 y hasta 2032, y dándole un carácter “finalista” para dotar de recursos el Fondo de Reserva o ‘hucha de las pensiones’.
Este incremento de cotización supondría unos cuatro o cinco euros para un trabajador mileurista, según apuntaron a Servimedia fuentes de la negociación.
En un segundo bloque se propone que, a partir de 2032 y cada tres años, se verificará si el nivel de gasto en pensiones en 2050 supera la previsión para ese año del informe ‘Ageing Report’ de la Comisión Europea de 2024 o un documento análogo. En caso de superarse se utilizaría el Fondo de Reserva ya dotado para financiar el gasto en pensiones con una disposición anual de hasta el 0,2% del PIB y, si no fuera suficiente, el Gobierno negociaría con los interlocutores sociales “minorar el porcentaje de gasto en pensiones” sobre el PIB.
Si el nivel de gasto no supera las previsiones de la Comisión, no se aplicarían medidas adicionales y el aumento de cotización se devolvería mediante una rebaja o un aumento de las pensiones.
En declaraciones en La Sexta, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá ha señalado que este mecanismo, que sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y cuyos detalles se negocian con patronal y sindicatos, "no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento" y genera una "válvula de seguridad que da holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad".
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz reconocía que no conocía la propuesta en su integridad.
Por su parte Iñigo Errejón de Más Madrid, que sostenía que "el globo sonda de Escrivá no lo conocemos del todo".
A Vox no le gusta y el PP advierte que los impuestos al empleo pueden frenar la recuperación.
