España tiene una posición deficiente en términos de libertad económica en los países desarrollados. De hecho, ocupa el puesto 55 de 184 del ranking global. La penalización se debe al excesivo tamaño del Estado y al desequilibrio de las finanzas públicas, según el IEE (Instituto de Estudios Económicos).
En libertad de empresa, nos situamos en el puesto 24 de los 43 países más desarrollados, destacando la necesidad de un marco regulatorio que fomente la productividad y la innovación empresarial para impulsar el crecimiento económico.
Expone este trabajo que las intervenciones públicas de prestaciones se focalicen y sean selectivas, de tal forma que se asegure que su resultado sea una mejora a la equidad.
Como complemento a la libertad de empresa, es necesario reivindicar la figura de las empresas en el progreso social, y recordar la necesidad de ser rentables y obtener beneficios para poder invertir, crecer, generar empleo y contribuir a la sociedad mediante el pago de los impuestos.
