Los contratos fijos discontinuos han venido a precarizar más el mercado de trabajo y no son una solución mejor que los contratos temporales. Es la conclusión de los expertos de FEDEA, que cifran el paro real en España en 3 millones y medio de personas, con cerca de 780.000 inactivas gran parte del año.
Los trabajadores que antes de la reforma tenían contratos temporales gozaban de más derecho y mejores condiciones que los actuales fijos discontinuos, según FEDEA.
El investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Florentino Felgueroso estima que 2022 finalizó con 1,42 millones de trabajadores fijos discontinuos, de los que 752.000 estaban en situación de inactividad, si bien 232.000 tenían otro empleo. En cualquier caso, los inactivos superaban el medio millón.
Así lo puso de relieve Felgueroso durante una rueda de prensa en la que presentó su trabajo ‘¿Cuántos son los trabajadores fijos-discontinuos?’, donde destacó que “aumento masivo” de los fijos discontinuos desde la aprobación de la reforma laboral de 2021 y señaló que es un fenómeno que se ha “minusvalorado”. De hecho, indicó que entre marzo de 2022 y dicho mes de 2024 se han formalizado 4,9 millones de contratos de este tipo, unos dos millones más que en los 22 años anteriores.
Ello demuestra, a su juicio, como los fijos discontinuos son muchos contratos que antes eran temporales, ya que antes de la reforma laboral dos de cada tres contratos temporales que se formalizaban no eran la primera relación laboral de un empleado y la empresa, sino que eran “recontrataciones”. Por ello, subrayó que la reforma ha sido “un éxito” en reducción de la temporalidad, pero precisó que se debe estudiar la temporalidad “real”.
Además, puso de relieve los déficits que hay en la contabilización de los fijos discontinuos en España, explicando que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo incluye en la EPA a quienes son fijos discontinuos en su empleo principal.
Asimismo, la afiliación a la Seguridad Social engloba solo a los pertenecientes al Régimen General y no a específicos como la agricultura o el empleo doméstico, según este experto.