El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, cree que el cambio de postura del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas "no ayuda mucho a tener confianza" ni "seguridad jurídica", algo "esencial en un Estado de derecho".
El Tribunal Supremo acordó ayer, tras dos días de debate, que los clientes continúen asumiendo este impuesto, pese a que el pasado 16 de octubre tres sentencias establecieron que tenía que ser la banca quien se hiciera cargo.
Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, calificó de "error enorme" convocar a otros magistrados que no están especializados en la materia para tomar una decisión sobre el impuesto a las hipotecas y añadió que "se ha llegado a la peor de las soluciones en la que parece que la Sala especializada, la Sala que ha profundizado el tema, la Sala que ha tenido la capacidad para intentar cambiar la jurisprudencia como era necesario parece que es la que ha perdido la votación".
