El Gobierno llamará al PP para negociar la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional
- El PP plantea una reforma para que ningún político pueda ser Fiscal general
- El Gobierno elude hablar de la división en el CGPJ y valora el aval a Delgado
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene previsto llamar al Partido Popular para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
En la primera rueda de prensa que ofrece como portavoz del Ejecutivo tras un Consejo de Ministros extraordinario, María Jesús Montero ha reprochado al líder 'popular', Pablo Casado, que afirme "sin pudor" que va a bloquear la renovación de los organismos constitucionales que le corresponde renovar al Parlamento. "Esas actitudes son de no respeto a los resultados electorales", ha advertido.
El nombramiento de Delgado como Fiscal general del Estado
La portavoz no ha querido comentar el debate que suscitó en el seno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado y se ha limitado a poner en valor que el informe preceptivo que emitió este órgano avalaba que la candidata propuesta cumplía "todos los requisitos legales".
Montero ha subrayado que Delgado, en su etapa de ministra, respetó de manera "escrupulosa la independencia de la Fiscalía" y va a seguir manteniendo la misma actitud, ha vaticinado la portavoz. "La propuesta de nombramiento sigue su curso", ha zanjado.
El PP plantea ahora una reforma para que ningún político pueda ser fiscal general
El PP ha presentado una reforma legal con el objetivo de impedir a los políticos que hayan ejercido cargos públicos o de partido ocupen el cargo de fiscal general del Estado y evitar así que vuelvan a repetirse casos como el de la exministra de Justicia Dolores Delgado.
El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha anunciado la presentación de una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley en este sentido, de manera que se prohíba a cualquier cargo "político o electo" ser designado fiscal general, al menos sin que haya transcurrido un tiempo prudencial desde su salida de la política, que podría situarse en cuatro años.
Con estas limitaciones se conseguiría que "nunca nadie vuelva cuestionar la parcialidad" de la Fiscalía General del Estado, como, según ha recalcado, ha sucedido tras la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general hecha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Egea ha explicado que desde el PP "jamás pensamos que el Gobierno de España podía llegar tan lejos".
Teodoro García Egea ha añadido que el nombramiento de Delgado "es un regalo para los independentistas" porque la hasta ahora diputada "va a imponer su criterio" de sesgo político en la Fiscalía y ha alertado de que esa "parcialidad" será utilizada contra España" por los separatistas para "debilitar el sistema judicial". Algo en lo que coincide con el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, que teme que el Gobierno pueda estar detrás de la decisión de la Fiscalía de respaldar que el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra conserve su escaño en el Parlament hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme sobre su condena de inhabilitación.
En una rueda de prensa en el Congreso, Bal ha vinculado el contenido del escrito presentado este viernes por la Fiscalía del Tribunal Supremo con el futuro desembarco de la exministra de Justicia Dolores Delgado en la Fiscalía General. "No quiero ser malvado y empezar a pensar que la Fiscalía ya camina por el sendero que ha fijado el presidente del Gobierno con la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado".
