El Gobierno aprueba la reforma de las pensiones en el primer Consejo de Ministros tras el descanso estival. Una reforma que afectará a 9 millones de pensionistas y vuelve a vincular la subida de las pensiones a la inflación. El objetivo del Ejecutivo de poder tener en vigor estas medidas antes de fin de año.
Se trata de un primer paquete de medidas que no entran inmediatamente en vigor, con el que se pretende garantizar el poder adquisitivo de las pensiones buscando fórmulas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.
Así, las pensiones subirán en función de cómo haya evolucionado la inflación en el año anterior y tampoco se producirá una disminución de las prestaciones con una inflación negativa.
Por otra parte, el Gobierno premiará a los trabajadores que opten por retirarse más tarde incrementando su pensión un 4% por cada año de retraso de su retiro o una paga única de hasta 12.060 euros.
Además, se revisa el modelo de las prejubilaciones para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, con el objetivo de llegar a los 67 años en 2027. Así, quien se jubilen 24 meses antes puede tener una penalización de hasta un 21% en su prestación.
También se pone coto a las jubilaciones forzosas prohibiendo que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse antes de los 68 años.
Pendiente de negociación con los agentes sociales queda el denominado factor de "equidad intergeneracional". Instrumento para hacer frente al aumento de gasto que supondrá que los babyboomers se conviertan en pensionistas.
Por delante una dura negociación parlamentaria que debe culminar con un acuerdo para entrar en vigor el 1 de enero del 2022.