En un plazo de 24 horas, hoteles, agencias de viajes, viviendas turísticas tendrán que remitir al Ministerio de Interior hasta 42 datos personales de sus clientes.
El sistema, ya en vigor, será de cumplimiento obligatorio a partir del lunes 2 de diciembre. En los últimos dos años Interior asegura que se ha podido identificar a más de 18.500 personas que estaban en busca y captura.
El sistema supondrá el control también de clientes de plataformas digitales o Airbnb. En el caso del alquiler de vehículos, se exigirán hasta 60 datos.
En caso de incumplimiento se castigará con hasta 30.000 euros de multa. El Gobierno asegura que este registro ayudara a prevenir el crimen organizado y el sector denuncia que el sistema es insostenible y vulnera derechos de privacidad.
Otra de las razones que esgrimen para oponerse es que disparará su carga de trabajo y los costes. Incluso señalan que podría penalizar a España como destino turístico.