La Comunidad de Madrid incorpora más de 300 medidas en los últimos 3 años para reducir trabas burocráticas
- La simplificación normativa busca una Administración sea lo más ágil posible para favorecer la creación de empleo
La Comunidad de Madrid ha incorporado más de 300 medidas en los últimos 3 años para reducir trabas burocráticas. Es parte del informe de simplificación normativa que ha presentado hoy el Gobierno regional y que busca que la Administración sea lo más ágil posible para favorecer la creación de empleo.
Se trata de propuestas realizadas por particulares, empresas y profesionales para reducir legislación, facilitar trámites y derogar requisitos obsoletos que entorpecen la creación y desarrollo de negocios.
De ellas, el 81% ya están ejecutadas y el resto se encuentra en proceso de tramitación, y sólo en el último año se han gestionado 138, el 40% del total, han detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración local, Miguel Ángel García Martín, y la de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la presentación del Informe anual de Simplificación Normativa, con motivo del tercer aniversario de la Línea Abierta contra la Hiperregulación.
Albert ha sacado pecho del balance que "no puede ser más positivo" y ha reivindicado esta medida que busca que los madrileños lo tenga "más fácil" y que la autonomía sea "más interesante no solo para invertir, sino también para vivir".
Por su parte, García Martín ha asegurado que "simplificar y actualizar la normativa, dando mayor seguridad jurídica y estimulando la actividad económica, es uno de los pilares sobre los que se ha sostenido el crecimiento y la creación de empleo de la Comunidad de Madrid en los últimos treinta años".
Esta herramienta a la que se puede acceder a través de la web de la Comunidad de Madrid comenzó a funcionar en marzo de 2021, permite poner en conocimiento de la Administración las barreras regulatorias que encuentran los agentes económicos al desarrollar su actividad.
El Gobierno regional estudia todas las sugerencias recibidas para determinar su viabilidad y analiza cómo pueden aplicarse en el marco de sus competencias.
Del total de medidas expuestas en el informe, el 22% corresponden a actuaciones en materia de Economía y Empleo; el 18%, a Políticas Sociales; el 17% a Medio Ambiente y Agricultura, y el 12% a Sanidad.
