La Fiscalía de Badajoz pide dos años y seis meses de prisión para los dirigentes de CCOO en Extremadura en 2013, entre ellas la actual secretaria general, Encarna Chacón, por un supuesto fraude en cursos formativos, mientras que el sindicato considera que la propia acusación pública reconoce que dichos cursos "fueron impartidos sin observarse irregularidades”.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, existiría “un gasto no subvencionable global, mendazmente justificado, que asciende a 489.309 euros y que fueron ilícitamente asumidos por el sindicato beneficiario y la entidad colaboradora -una fundación vinculada al sindicato- para llevar a cabo, en una situación de escasez de recursos que cuestionaban la continuidad económica de aquéllas, la cobertura de sus gastos propios de naturaleza general”.
Gastos “ajenos a los específicos fines subvencionados de las actividades formativas”, según expresa la acusación pública.
En un comunicado, el sindicato CCOO ha lamentado que este caso sobre un supuesto fraude en cursos de formación siga activo "por el empecinamiento de la fiscalía", ya que es un procedimiento en el que "quien pudiera haber sido perjudicado, ha comunicado que no lo ha sido", y "en el que no existe daño o perjuicio alguno que resarcir". A juicio de CCOO Extremadura, la propia Fiscalía reconoce que las actividades formativas vinculadas a la subvención concedida en 2011 y ejecutada entre 2012 y 2013 “fueron impartidas sin observarse irregularidades”.
Por contra, el Ministerio Público indica que, “de forma coordinada y concertada, los acusados construyeron diversos mecanismos destinados a trasladar una parte de los fondos públicos recibidos para subvencionar específicamente las actividades de formación de trabajadores (y bajo una apariencia formal de regularidad), derivando esas sumas a las necesidades financieras de CCOO”.
La Fiscalía pide para cada una de las personas acusadas -Miguel Angel Coque, Encarna Chacón, Jaime Javier Fenollera, María del Carmen Muelas, Rocío Ballester y Julián Carretero- la pena privativa de libertad de dos años y seis meses de prisión, y una multa de 500.000 euros, y para cada una de las personas jurídicas acusadas (CCOO y fundación Forem) multa de 700.000 euros.
