Lesmes exhorta a afrontar "sin dilaciones" la renovación del Consejo del Poder Judicial
- Pide un debate sosegado sobre el estado de alarma para resolver "como mejorar los mecanismos de respuesta" frente a la crisis
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha señalado este lunes que la renovación del órgano de los jueces representa "una seria anomalía" y recuerda que la Constitución fija en cinco años la duración de cada mandato. "Me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones", ha apuntado.
En su intervención en el inicio del Año Judicial en la sede del Supremo ha indicado que no obstante el CGPJ tiene asignadas muy relevantes funciones como nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario que son permanentes y que por tanto deben seguir desarrollándose con normalidad para no producir un "grave quebranto" a la Justicia española, "a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".
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Durante el discurso, Lesmes ha recordado el papel y compromiso del sistema judicial durante el estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus, y ha subrayado que toda crisis es una oportunidad para avanzar, por ejemplo en la "ineficientemente organizada" Administración de Justicia que tiene "procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada pero nunca terminada".
Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo ha resaltado que tras el estado de alarma, que se prolongó por meses, toca reflexionar sobre el mismo y ha pedido un debate sosegado y resolver "como mejorar los mecanismos de respuesta" frente a situaciones de crisis, "habida cuenta de la inapelable tozudez con que la historia demuestra que se podrán repetir en el futuro". "La complejidad de la situación vivida bajo el estado de alarma obliga a efectuar algunas reflexiones sobre aquellos estados especiales contemplados en el artículo 116.2 de la Constitución Española, que configuran lo que se ha dado en llamar el 'Derecho de necesidad', analizando cuál ha de ser la función del Poder Judicial en esos estados especiales", ha ahondado.
En este sentido, ha afirmado que otra de las consecuencias de la Covid-19 es la generación de "importantísimas tensiones en el orden legal de los Estados, "que han llevado a la adopción de estrictas medidas, sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial, dada su repercusión sobre los derechos de las personas".
Al hilo, ha recordado que en España además de los estados excepcionales contemplados en la Carta Magna, existen múltiples disposiciones ordinarias de necesidad que no suponen una "suspensión genérica de la Constitución". Y ha añadido que es momento de poner el foco en la multitud de decisiones sanitarias que implicaron restricciones de la libertad personal y que estaban amparadas por la legislación sanitaria ordinaria de excepción que exigen "un ulterior control judicial aun adoptadas bajo el régimen de alarma".
En este sentido, Lesmes ha recordado que diversos juzgados han debido dictar resoluciones urgentes para avalar o anular medidas, e incide en que esto pone de manifiesto la necesidad de "una mayor claridad normativa respecto de la posible adopción de medidas tan restrictivas de la libertad" así como una mejor delimitación de su necesaria ratificación judicial cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria.
Medidas no solo coyunturales y urgentes sino reformas procesales
Sobre la Memoria de la situación de la Justicia, que se hace pública también este lunes, ha recordado que la actividad se verá afectada por el impacto del estado de alarma y por la paralización temporal de los procesos. "Esta crisis muy probablemente acentúe y agrave la tendencia, no muy positiva, que veníamos constatando en los últimos años", ha añadido.
Al respecto, ha destacado que por tercer año consecutivo se ha producido un incremento en la tasa de litigiosidad, que crece un 4,1 por ciento con respecto a 2018, y que también suben los asuntos ingresados en los órganos judiciales (un 4,7% más que el año anterior). En este punto, ha recordado que si bien los asuntos resueltos aumentan en 2019 no se ha logrado reducir, sino que ha vuelto a aumentar, en un 8,5 por ciento el número total de asuntos en trámite al final del año. "Nuestros jueces, eso sí, incrementan un año más su rendimiento, pues de nuevo aumenta, y de forma más acusada que en el año anterior, el número medio de sentencias dictadas por juez, con una evolución positiva del 4,5 por ciento", ha detallado.
Con estas cifras en la mano, Lesmes ha pedido medidas no solo coyunturales y urgentes sino reformas procesales que agilicen los tramites de procedimientos y posibiliten una respuesta rápida y con garantías de la Justicia.
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Lesmes también ha pedido la reforma de los recursos extraordinarios --casación e infracción procesal-- ante la avalancha de litigios fruto de la crisis por la pandemia, y con el objetivo de "ofrecer cauces de unificación de criterios interpretativos que soslayen respuestas judiciales encontradas" y que generan desconcierto en los ciudadanos y "propician el aumento de la litigiosidad". Así, ha pedido la reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se otorgue al recurso de casación el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario. Quiere que se simplifique su configuración con un único recurso que no dependa del tipo o cuantía del proceso.
Vítores al Rey a su llegada
La apertura del año judicial, "descafeinada" tal y como ha indicado el propio Lesmes a causa de la pandemia, ha arrancado a las 12.00 horas con la llegada del Rey a la sede del Supremo. Una treintena de personas le han recibido con aplausos y al grito de 'Viva el rey' y 'viva el rey Juan Carlos'.
Estas mismas personas concentradas han desplegado banderas de España y una pancarta en la que se podía leer 'España os quiere', también han gritado 'Cuídese del Marqués de Galapagar, que el sitio le quiere quitar'. Muy aplaudida ha sido también la llegada del presidente del PP, Pablo Casado, y del alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, algo que no ha ocurrido con el resto de personalidades.
A la ceremonia han asistido magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, además el jefe de la oposición, Pablo Casado; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; y del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entre otras autoridades.
