El presidente catalán, Pere Aragonés, no ha dudado en poner en evidencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recordando sus posiciones pasadas contra la amnistía, que rechazaba frontalmente, y su cambio posterior para defenderla. Aragonés asegura en el Senado que con el referéndum ocurrirá lo mismo.
"Si hoy estamos aquí es porque la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional dejó de ser imposible como pasara el referéndum". Una intervención ante la que los barones del PP que no se han callado para denunciar que la amnistía es el inicio de un chantaje que irá a más.
Así, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha intervenido este lunes en la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada por el PP, donde ha definido la ley de amnistía como "vergonzosa e inmoral", además de suponer un "grave atentado" contra el Estado de las autonomías.
Azcón ha aclarado que su participación en la sesión en el Senado es como presidente de "todos los aragoneses" y no como líder de un partido político, de manera que ha sostenido: "Quien quiera burlarse o reírse de los aragoneses, demuestra su enanez política, porque de nosotros no se ríe nadie, desde ninguna comunidad autónoma".
La amnistía, ha criticado, es una "completa mentira" y no busca la normalización institucional en Cataluña.
En la misma línea, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, advirtió de la “vocación de expansión” de Cataluña sobre su territorio y el de Baleares, y garantizó ante el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no lo consentirá porque los Països Catalans “son una ensoñación” que “ni ha existido ni existe ni existirá”.
Mazón respondió así al discurso “unilateral” de Aragonès, a quien acusó de “representar la humillación del Estado, la negación del diálogo común o la apología del monólogo unilateral”.
También compartió que una amnistía “sin arrepentimiento ni compromisos supone que la destrucción de la unidad de España” pueda salir “impune” y, además, supone “de facto la quiebra del principio de igualdad”.
El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha mostrado también su rechazo "frontal" a la ley de amnistía que "consagra la ruptura de la igualdad entre todos los españoles".
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, denunció que la negociación del Gobierno español con los independentistas “ataca a la solidaridad”, al pasar “del cheque regalo de los 15.000 millones a la soberanía fiscal con cupos injustos e inconstitucionales”; un privilegio que, advirtió, “va a poner en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos de Castilla y León”.
Mientras, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado que la amnistía "no es ninguna salida, es el laberinto mismo", por lo que esta ley "no es una reconciliación, es la legitimación de una ruptura".
Sin presencia del Gobierno
Nadie ha habido del Gobierno. "Es un numerito del PP en el Senado" había dicho el ministro Bolaños. En este sentido, el senador socialista Javier Ramírez ha defendido que en la ley de amnistía "no existe ningún tipo de contenido o de impacto autonómico", y por ello ha afirmado que el único objetivo de esta sesión es "cumplir el guion ya escrito cada lunes en la sede nacional del PP".
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que es "vergonzoso" que ni el Gobierno ni los tres presidentes autonómicos socialistas hayan acudido a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado con motivo del debate sobre la amnistía.
A su entender, han dejado al presidente de la Generalitat hablar en su "nombre" en ese foro, que ha promovido el Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.