Los fiscales de Madrid investigados señalan que García Ortiz ordenó difundir la nota sobre el novio de Ayuso
Se trata de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández y del fiscal de Delitos Económicos Julián Salto
Ayuso sobre el caso de su pareja: "Espero que no se le trate mejor, pero tampoco peor"
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REDACCIÓN / AGENCIAS
La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, han testificado ante el magistrado que instruye la querella de Alberto González Amador contra ambos por un presunto delito de revelación de secretos que la orden directa de la emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid correspondió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Ambos han declarado este jueves en calidad de investigados en la causa que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el magistrado Francisco Goyena en relación a la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional y el fiscal sobre el caso de un presunto fraude fiscal.
En primer lugar ha declarado Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía, que ha respondido a las preguntas formuladas por las partes durante una hora y diez minutos. Tras un receso de diez minutos ha comparecido durante algo más de una hora María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Ambos han coincidido en responsabilizar al fiscal general del Estado de dar la orden de emitir la nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos y han alegado que obedecieron órdenes para su difusión, al tratarse ésta de una institución jerarquizada, han apuntado fuentes jurídicas a Europa Press.
El propio fiscal general del Estado asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo. El instructor ha dado traslado a las partes para que se pronuncien y todo parece apuntar que la causa terminará en manos del Supremo.
En el mismo, García Ortiz sostiene en el escrito que esa nota de prensa no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas" por lo que, al ser él aforado, el órgano competente sería el Tribunal Supremo.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó en un auto conocido este miércoles el recurso del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado contra la incoación de las diligencias contra ambos, que considera pertinentes y avaló que existen indicios suficientes por instruir la causa contra los fiscales.
El pasado 13 de junio, testificó ante el magistrado la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien también declaró que recibió la orden directa del fiscal general del Estado para difundir la nota aclaratoria sobre las citadas conversaciones entre letrado y fiscal.
Según alegó, pese a negarse a difundir el documento al ser incompatible con el deber de confidencialidad pero finalmente cumplió el artículo 25 del Estatuto Fiscal, que establece que "el Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos".
En declaraciones a los medios, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) --que ejerce la acusación particular en esta causa--, Eduardo Ribó, ha subrayado que "el secreto profesional es una piedra angular del ejercicio de la Abogacía" y, aunque ha eludido hacer valoraciones sobre las declaraciones de los fiscales, ha recalcado la "firme posición" del Colegio para que "las infracciones a la confidencialidad no sean toleradas" y sean abordadas "con la máxima seriedad".
"La revelación indebida de información confidencial no solo pone en riesgo la confianza entre el abogado y su cliente, sino que también socava el derecho a la defensa. Nuestro objetivo es asegurar que el ejercicio de la abogacía se realice en un marco de respeto a los derechos que rigen nuestra profesión y nuestro Estado de Derecho. La acción del ICAM destaca nuestra determinación de no permitir que ninguna violación a estos principios quede impune", ha defendido.
En la investigación abierta, el magistrado trata de investigar a instancias de Alberto González "quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado".
En las diligencias solicitadas, el magistrado pedía que se remitiera relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados) con el abogado de Alberto González Amador con ocasión de la defensa del mismo antes y después de hacerse público el comunicado.
En el auto de admisión de la querella, la Sala estimaba que "sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confiado en que la investigación por presunto fraude fiscal que afecta a su pareja, Alberto González Amador, "siga el procedimiento normal" y que "no se le trate mejor que a ningún ciudadano, pero tampoco peor".
En declaraciones a los medios en Batres tras presentar un programa de ayudas y acciones para revitalizar los pueblos de menos de 20.000 habitantes, la dirigente madrileña del PP ha censurado que este asunto se haya convertido en "el gran caso" que preocupa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la Abogacía General del Estado, "como si no hubiera problemas en España y no somos suficientes habitantes".
La presidenta regional, que se ha referido de forma irónica a este asunto como "al caso del novio de Ayuso", ha criticado que iba a haber un pacto con la Fiscalía "donde se eliminaba cualquier cuestión sobre fraude", pero ahora el recién llegado abogado general del Estado, David Vilas, se opone a ello y decide "otra vez que sí ha habido".
En esta línea, ha recriminado que solo se hable de un asunto en el que "se filtran los datos particulares de un ciudadano anónimo", con "notas de prensa filtradas desde ordenadores de altos cargos del PSOE", y con Más Madrid y el Partido Socialista como acusación particular.
"Lo más normal también en un caso de una inspección fiscal", ha ironizado Díaz Ayuso, y ha vuelto a pedir la dimisión del fiscal general del Estado, quien "tendría que haber sido cesado hace mucho tiempo por la utilización de los poderes del Estado contra un particular para hacer daño a un adversario político".
"Eso en otras latitudes es muy práctico, se pone mucho en marcha, pero no es propio de un Estado de Derecho", ha zanjado.