Nuevas informaciones comprometen el futuro judicial del Rey Emérito. Según ha trascendido, existiría un acuerdo privado que revela que el monarca se implicó en la gestión de la estructura 'offshore' que investiga la fiscalía por ocultar 64 millones donados por Arabia Saudí. También publica El Español, que quien fuera gestor durante años de la fortuna que se atribuye a don Juan Carlos en Suiza, declaró ante el fiscal que, según su conocimiento, el Rey Emérito no declaró al fisco los fondos de la Fundación Lucum.
El gestor Arturo Fasana aseguró además que cree que no existe ningún documento oficial que acredite que el dinero que tenía depositado el rey Juan Carlos I en una cuenta de una sociedad panameña procediese de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015.
Según publica este martes El Español, así consta en la declaración que prestó en el marco de la investigación sobre el origen de los 100 millones de dólares ingresados en la cuenta de la fundación panameña Lucum, vinculada al monarca, y que se cree pueden proceder del pago de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca en 2011.
El Gobierno desvincula a la monarquía
El Gobierno ha subrayado este martes su total respeto y compromiso con la justicia y ha desvinculado a la institución de la monarquía y al actual rey Felipe VI de las actuaciones del rey emérito que están siendo investigadas en los tribunales.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, varios miembros del Gobierno se han referido, a preguntas de los periodistas, a las informaciones publicadas en relación a la investigación al rey Juan Carlos sobre la adjudicación de un contrato del AVE a la Meca.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado que las instituciones nacidas de la Constitución de 1978 y que rigen el Estado social y democrático de derecho, "están por encima de las personas que en un momento determinado pueden encarnarlas", en referencia, sin citarlo, al rey emérito.
Por ello, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad, serenidad y confianza" en torno a este asunto y ha recordado los principios de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia, también para las altas instituciones del Estado, al tiempo que ha pedido confianza en la Justicia, aunque sea lenta, y en su independencia.
En esta misma línea, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha incidido en que las actuaciones de la justicia suiza se dirigen al antiguo jefe del Estado y "para nada" al actual.
La justicia debe ser "igual para todos" y el Gobierno colabora y da auxilio activo a los tribunales cuando así es requerido, ha precisado.
