El PP ha registrado un escrito en el Congreso pidiendo que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización específica de las cuentas de Podemos para esclarecer si el partido o sus fundaciones vinculadas se han financiado de forma irregular recibiendo dinero de Gobiernos y organismos extranjeros, o empresas o entidades relacionadas "directa o indirectamente" con los mismos, algo prohibido expresamente por la Ley orgánica de Financiación de Partidos.
La iniciativa, que se dirige a la Mesa del Congreso al no estar aún constituida la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, recuerda que diversos medios de comunicación nacionales e internacionales han publicado noticias sobre supuesta financiación de organismos de Bolivia o Venezuela y de una presunta contratación irregular con empresas extranjeras.
Los contratos de Podemos
El último caso se refiere a varios contratos firmados por Podemos con la empresa portuguesa ABD Europa en la campaña de 2019, según ha informado el diario digital VozPópuli. Precisamente en estas semanas el Tribunal de Cuentas está trabajando en su fiscalización de los gastos de campaña de los partidos para las elecciones del 28 de abril.
Prohibiciones de la Ley
El PP recuerda que los partidos políticos pueden recibir donaciones no finalistas, procedentes incluso de personas físicas extranjeras, con los límites, requisitos y condiciones establecidas en la Ley de Financiación de Partidos, y siempre que se cumplan, además, los requisitos de la normativa vigente sobre control de cambios y movimiento de capitales.
Además, la iniciativa subraya que la normativa vigente prohíbe expresamente la financiación de los partidos por gobiernos y empresas extranjeras, o entidades relacionadas directamente con ellas, por lo que el PP quiere que se despejen dudas con la realización de una fiscalización específica en el caso de Podemos.
Socio de Sánchez
Según el PP, "la calidad democrática exige acreditar de manera inequívoca el cumplimiento de la legalidad vigente" por parte de una formación con representación en distintas instituciones, y próximamente en el Ejecutivo de la Nación como socio de Sánchez.
Por todo ello, reclama que el Congreso pida al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización específico sobre "la contratación y otras operaciones económicas efectuadas con personas físicas y jurídicas extranjeras por la formación política Unidas Podemos, así como por las fundaciones y entidades vinculadas a dicha formación, o que sean dependientes de la misma, en el período 2015-2019".
