Varios sindicatos policiales han presentado este miércoles ante la Fiscalía una denuncia criminal por un presunto delito de odio y otro de injurias graves contra el ayuntamiento y la alcaldesa de Granollers, por el taller de la Fiesta Mayor de esta localidad que simulaba el lanzamiento de cócteles molotov a la policía.
El taller, que se llevó a cabo este martes por la tarde en la plaza de Can Trullàs de Granollers, en el marco de la Fiesta Mayor, estaba organizado por el grupo de los 'Blaus', y consistía en una prueba en la que algunos participantes, entre ellos menores, arrojaban objetos de ropa simulando ser un cóctel molotov, apuntando hacia un muñeco vestido de policía.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Granollers, encabezado por la socialista Alba Barnusell, ha mostrado su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad; ha afirmado que desconocía el contenido del acto organizado por los 'Blaus' y que lo rechaza; y ha transmitido su defensa "firme" de los valores de la paz y la convivencia.
Los Mossos d'Esquadra, por su parte, están estudiando el caso para determinar si se puede abrir una investigación, según fuentes policiales.
Varios sindicatos policiales de Mossos d'Esquadra y Policías Locales han elevado ya a la Fiscalía Superior de Cataluña una denuncia criminal contra el consistorio, la alcaldesa y contra todos aquellos que aparezcan como responsables en el transcurso de estas actuaciones por la posible comisión de un delito de odio y de otro de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad.
La denuncia criminal va dirigida, sobre todo, contra la alcaldesa, por haber sido "quien ha organizado y promovido los actos constitutivos de un delito de odio e injurias graves contra las fuerzas y cuerpos de seguridad".
Los sindicatos califican este polémico taller de "guerrilla urbana" contra la policía "haciendo suyas las técnicas propias de la kale borroka", esgrime el escrito de la denuncia.
Para los sindicatos, ello puede ser constitutivo, por un lado, de un delito de odio contra un colectivo determinado por razón de su profesión y la ideología política neutral que defienden, condenado con penas que oscilan entre 1 y 4 años de prisión.
Y, por otro, de un delito de injurias graves a fuerzas y cuerpos de seguridad por actos y expresiones que atentan gravemente contra el prestigio y la dignidad de la institución, castigado con la pena de 12 a 18 meses de prisión. Los sindicatos piden así a la Fiscalía que abra diligencias de investigación sobre estos hechos.