Una semana después de ser rechazada en el Congreso, la Ley de Amnistía vuelve a reactivarse. Los letrados de la cámara dan un plazo de quince días para aprobar en la comisión de justicia, el texto con modificaciones que se elevará a pleno.
Ese plazo acaba el día 21 de febrero, tres días después de las elecciones en Galicia. Ese plazo podría sin embargo, ampliarse.
Mientras, la propuesta anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sobre modificar la ley de enjuiciamiento criminal para reducir los tiempos de instrucción de los jueces, ha levantado un terremoto político y jurídico.
Tanto asociaciones de jueces como fiscales avisan de que puede afectar a otros procesos penales.
Por su parte el ejecutivo justifica la decisión de recortar los plazos de investigación de los jueces, con la que quiere conseguir el apoyo de los independentistas de Puigdemnont, señalando que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá que haya una justicia más eficiente.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gabinete, Pilar Alegría, ha ratificado este martes que el Gobierno está abierto a reformar los plazos de instrucción después de que la víspera el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abriera la puerta a esa posibilidad.
Alegría ha reiterado que esa modificación legislativa busca avanzar hacia una justicia "más eficiente" y que va en la línea de las políticas del Gobierno y también de demandas planteadas desde el ámbito parlamentario.
"El diálogo y la negociación en este caso no recaen sobre el Gobierno", ha manifestado Alegría, quien ha señalado que ahora corresponde a los grupos parlamentarios que deben concluir la tramitación de la ley de amnistía tras un primer rechazo y para la cual la Comisión de Justicia del Congreso tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero.
Ha recalcado la ministra, repitiendo las palabras de Sánchez, que para el Ejecutivo se trata de una ley "constitucional" además de "valiente" y "reparadora" y acorde con el derecho europeo.
Fuentes del Gobierno han justificado la conveniencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal aunque tampoco detallan si, por ejemplo, la idea sería volver a un límite de seis meses para una instrucción judicial tal y como fijó el Ejecutivo del PP y cambió posteriormente el Gabinete de Pedro Sánchez.