El TSJC impone a la Generalitat catalana que al menos un 25% de las clases se den en castellano
- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña así lo sentencia tras constatar que su uso es "residual" y solo cumplen la ley un 2 % de las escuelas
- La Conselleria catalana de Educación recurrirá la sentencia y recuerda que nueva 'ley Celaá' la "dejará sin efecto" cuando entre en vigor
Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordena a la Generalitat garantizar que todos los alumnos reciban un mínimo de 25 % de clases en castellano como lengua vehicular, tras constatar que su uso es "residual" y solo cumplen la ley un 2 % de las escuelas.
La sentencia estima parcialmente el recurso que en 2015 presentó el Gobierno de Mariano Rajoy por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular y por el proceso de preinscripción en las escuelas catalanas, que, aseguraba, limita el uso del español al primer curso de infantil mediante "atención individualizada".
El fallo de la sala contenciosa del TSJC obliga a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para garantizar un "uso vehicular normal" tanto del castellano como del catalán en las escuelas de Cataluña, que abarque al "conjunto de alumnos", con el fin de "evitar un uso simbólico o residual".
La sala, que se remite a anteriores sentencias aprobadas por el propio Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo que obligan a impartir un 25 % de clases en castellano, reprocha a la Generalitat que no haya "ejercido su competencia" para asegurar el uso vehicular de ambas lenguas oficiales en las escuelas ni haya "ejercido una actividad de control" para garantizarlo.
El TSJC llega a esa conclusión a raíz de la información que el Departamento de Enseñanza le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18% en la educación primaria, del 19% en secundaria y del 26 % en bachillerato.
Solo 5 de los 184 centros de la muestra que la Generalitat entregó al TSJC imparten "íntegramente" en castellano el 25% de las áreas o materias -al menos una de ella troncal-, lo que supone que cumplen ese estándar "un 2 % de centros de educación primaria y un 12 % de los de bachillerato".
De ello se deduce que "el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes", añade el TSJC, que advierte de que ello supone "una infracción del marco jurídico vigente".
El tribunal admite que no puede sustituir a la administración en algunos aspectos "sometidos a un grado de apreciación", pero sí le corresponde "fijar un uso vehicular mínimo de las lenguas oficiales que permite enderezar la actual situación contraria al ordenamiento". En ese sentido, subraya la sentencia que el uso vehicular mínimo del castellano debe ser del 25 % de horas lectivas, de acuerdo con la jurisprudencia, y debe utilizarse "íntegramente" en al menos "una área materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo".
El idioma empleado en el resto de horas lectivas, precisa la sentencia, deberá ser determinado por la propia administración o por los centros docentes "en atención a circunstancias como el estado de la normalización de las respectivas lenguas oficiales según el lugar o la incorporación vehicular de terceras lenguas".
Cataluña recurrirá la sentencia y dice que la ley Celaá la "dejará sin efecto"
La Conselleria de Educación de la Generalitat recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en un Twitter ha avisado de que la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) --conocida como 'Ley Celaá'-- "dejará sin efecto" la sentencia cuando entre en vigor.
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El conseller, Josep Bargalló, también en Twitter, se ha quejado de que "ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley, los hay que pretenden volver al pasado". Bargalló ha añadido, sobre la resolución, que "saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia", y ha afirmado que la política educativa no la hacen los jueces sino el Parlament.
El portavoz de Educación de Unidas Podemos, Joan Mena, acusó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de ir "contra la voluntad popular". "Es intolerable y va contra la voluntad popular intentar modificar el sistema educativo a golpe de judicatura". "Sentencias como ésta eran el objetivo de la Lomce y por eso estamos a punto de derogarla", publicó en catalán Mena.
Casado insta a Sánchez a dar marcha atrás en la ley Celaá
El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "vele" por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Es fundamental para nosotros que haya una convivencia de las dos lenguas cooficiales en Cataluña y, por tanto, es Pedro Sánchez, la ministra de Educación y la Alta Inspección educativa los que tienen que velar porque esta sentencia se cumpla de inmediato", ha recalcado. El castellano, ha subrayado, "debe seguir siendo lengua vehicular" en Cataluña, pese a que la ministra de Educación, Isabel Celaá, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo quieran cambiar".
Por su parte, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justica de Cataluña que demuestra que "la ley Celaá se ha hecho en contra de los criterios del Tribunal Constitucional" (TC).
En la rueda de prensa también ha participado el dramaturgo Albert Boadella, tras reunirse con Carrizosa que ha advertido de que en Cataluña ha desaparecido la libertad y la pluralidad ciudadana, que es algo que jamás podría haberse imaginado, y que "hay una buena parte de la población que se siente marginada de este delirio".
