Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, afirma respecto a la ‘Ley Celaá’ que “lo vamos a intentar eludir todo, pero claro nosotros tenemos el poder que tenemos y ellos tienen el que tienen, ellos tienen el BOE, pero nosotros tenemos la razón”.
“El Gobierno de la Nación ha hecho unas normas muy ambiguas (en la ‘Ley Celaá’) para no enfadar a sus socios independentistas y eso nos da a nosotros más margen de actuación”, ha señalado el consejero en una entrevista con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid de Onda Madrid
Ossorio cree que retirar las subvenciones a los centros de educación especial “no es el precepto más estúpido de la ‘Ley Celaá’, pero sí el más inconstitucional”.
Sobre si con el decreto que aprueba este miércoles la Comunidad de Madrid se puede decir que la ‘Ley Celaá’, la Ley de Educación, no se va a aplicar en la Comunidad de Madrid, Ossorio asegura que “no, no tenemos potestad para eso, lo que hacemos es garantizar que hasta el año 2027 continúan los conciertos educativos, porque lo que hacemos en la Comunidad de Madrid es que ahora tenían una duración de seis años y los alargamos a diez años. Como ahora a los conciertos educativos les quedaban dos años se les sumas dos y por tanto serían seis años más hasta el curso 2026-27”
Afirma que eso lo permite la actual Ley de Educación aprobada en su día por el PP “y también la nueva, la ‘Ley Celaá’, lo permiten las dos leyes porque es una competencia de la comunidad autónoma el fijar la cuantía de los años, ahora eran 6 en Primaria y cuatro en Secundaria, y en Madrid 6 en Primaria y 6 en Secundaria y simplemente lo alargamos a 10. Esto lo permiten las dos leyes la LOMCE y la LOMLOE”.
Sobre si hay contradicción en que la actual ‘Ley Celaá’ recorte la concertada y permita a las comunidades mantenerla hasta el año 2017, el consejero dice que la ‘Ley Celaá’ lo que hace es “una serie de cambios para perjudicar a la concertada, como, por ejemplo, cuando se producen las renovaciones de esos conciertos una comunidad autónoma podría no renovarlos, mientras que la LOMCE dice que se deberá atender a la demanda social".
"Lo que sucede -explica- es que cuando las comunidades gobernadas por los socialistas y Podemos quieran no renovar esos conciertos, los colegios se van a los tribunales y dicen que hay demanda. Entonces el Tribunal les dice a estas comunidades que la comunidad socialista o podemita no lo puede hacer. Entonces con mucha vista la ‘Ley Celaá’ quita ese concepto, no permite que los municipios cedan terreno para centros concertados, etc. En fin, tiene una serie de disposiciones “amables” con la concertada y ese es el tema”.
“Otra cosa es que la ‘Ley Celaá’ permite que las comunidades fijen el tope en años. Y eso es lo que hemos hecho y lo hemos fijado en 10 años”.
En cuanto a si puede haber algún recurso por parte del Estado a este asunto, Ossorio señala que las comunidades “ya tenemos un amplio margen de gestión desde que se produjeron las transferencias. Yo le he pedido al Ministerio en la Conferencia de Educación que actuase como tal Ministerio, porque al final el sistema educativo español es único y deba cumplir su labor. Yo creo que ese recurso no lo pueden hacer porque tanto la LOMCE como la LOMLOE en esta materia dicen lo mismo”.
“El Gobierno de la Nación ha hecho unas normas muy ambiguas para no enfadar a sus socios independentistas y eso nos da a nosotros más margen de actuación”, remarca Ossorio.
Sobre si va a haber más plazas para la concertada, el consejero señala que “directamente no lo impide, pero sí quita el concepto de demanda social, que no se den terrenos a los centros concertados y pretende eliminar la educación diferenciada. El tope de plazas no lo fija, pero si establece un sistema para que la educación concertada no sea un sistema complementario del público, que es lo que es, y pretende que sea un sistema subsidiario. Nosotros creemos que tendrán que haber las plazas que quieran las familias, aquí en Madrid el 29% de las familias llevan a sus hijos a la concertada”.
“Si el 80% de las familias quiere llevar a sus hijos a la pública nosotros ofertaremos plazas en la pública, pero si el 40% quiere plazas en la concertada, ofertaremos plazas en la concertada, porque hay que hacer lo que consideren los padres, no lo que opinen las administraciones”.
La ‘Ley Celaá’ retira las subvenciones a los centros de educación especial y sobre ello Ossorio dice que “nosotros cumplimos las leyes, pero las leyes se pueden interpretar y nosotros interpretamos que ese precepto es probablemente el más inconstitucional de todos sin duda alguna, pues resulta que el Tribunal Constitucional y hace pocos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han dicho que la educación diferencia no discrimina. Por tanto, no es el precepto más estúpido de la ‘Ley Celaá’, pero sí el más inconstitucional”
Una vez que entre en vigor la ‘Ley Celaá’ recuerda Ossorio que “nosotros hemos anunciado que vamos a dictar otra Ley autonómica donde interpretaremos la ‘Ley Celaá’”. No cree el consejero que por ello haya un conflicto “ellos hacen unas normas muy abstractas para no molestar a los independentistas y nosotros vamos a aprovechar también esas normas abstractas”.
