El real decreto pactado este lunes entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal para reforzar la protección de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (Lgtbi) incluye medidas como que las empresas de más de 50 trabajadores tengan que contar forzosamente con un protocolo contra situaciones de acoso a este colectivo.
Este será de aplicación no solo a la plantilla, sino también a quienes solicitan un puesto de trabajo, al personal de puesta a disposición, proveedores, clientes y visitas, entre otros.
El texto fija que la negociación y aprobación de las medidas en favor del colectivo Lgtbi será “voluntaria” en las compañías con menos de 50 empleados.
Eso sí, en las empresas obligadas a aprobar estos protocolos, las medidas serán de aplicación no solo a la plantilla directa de la empresa, sino a aquellos empleados cedidos por empresas de trabajo temporal (ETT).
En relación con los plazos, la norma fija un plazo de tres meses para que las empresas comiencen a negociar las medidas a contar desde el momento en el que entre en vigor el real decreto.
El período se amplía a seis meses cuando se trate de compañías sin representación legal establecida por parte de los trabajadores. Si se dan situaciones de falta de acuerdo, a los tres meses de abrir la negociación, se aplicarán las medidas de mínimos recogidas en este texto legal.
El texto establece como obligatorio la existencia de un protocolo contra situaciones de acoso y violencia por Lgtbifobia en el ámbito laboral. Dicha obligación podrá entenderse cumplida cuando la empresa cuente con un protocolo general frente al acoso y violencia que prevea medidas para las personas LGTBI o lo amplíe específicamente para las mismas.
"EMPOBRECIMENTO"
La Federación Estatal LGTBI+ ha celebrado el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sindicatos y empresarios para garantizar la igualdad de las personas LGTBI en las empresas.
Según ha asegurado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, se trata de "un logro compartido, fruto del trabajo conjunto de los colectivos y demás agentes sociales y la Administración".
Además, ha destacado que "la discriminación genera empobrecimiento, por lo que es imprescindible que se aprueben medidas que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas LGTBI+ en el ámbito laboral".