En el Tribunal de Cuentas ha comenzado este miércoles el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por su posible responsabilidad contable en los gastos de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
Por esrta consulta han tenido que declarar hoy los miembros de aquel ejecutivo, han negado cualquier responsabilidad, dicen que fue algo simbólico y que sólo se pusieron las urnas para apagar una crisis política.
Artur Mas ha considerado que el juicio responde al "espíritu de venganza" de los abogados de Sociedad Civil y de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ya dijo que este referéndum "lo pagaríamos nosotros y de nuestros bolsillos".
En declaraciones a los medios al término del juicio, el expresidente ha asegurado que "no hubo ni un sólo euro de malversación de fondos públicos" y ha lamentado que: "Nos quieren inhabilitados y arruinados".
Mas, que ha extendido también el "espíritu de venganza" a la Asociación de abogados catalanes por la Constitución y a la Abogacía del Estado, se ha mostrado confiado en ser exonerado de esta vía civil y si no "llegarán hasta el final con los recursos jurídicos".
Más pena y castigo
El expresidente ha asegurado que los colectivos de abogados, que presentaron la demanda, "querían más pena y más castigo, y esa es la realidad".
Mas ha insistido en que tanto él como los exconsellers están muy tranquilos, "no hicimos nada mal y utilizamos los fondos públicos correctamente como se demostró en el juicio penal". "Y estamos contentos de haber conseguido el objetivo político de consultar al pueblo de Cataluña" ha añadido.
Preguntado por el embargo de sus bienes por valor de 5,2 millones de euros que están afianzados, Mas ha señalado que el "embargo es real" pero como se trata de un procedimiento "forzado y fuera de la realidad queremos pensar que recuperaremos el pleno uso de nuestras viviendas particulares".
Y de no ser así, ha reiterado que presentarán recursos en el Tribunal de Cuentas y en el Supremo porque "no hay ni una sola irregularidad contable" como certificaron los funcionarios de la Generalitat que intervinieron en estos expedientes: "Son expedientes que están inmaculados".
Sobre la partida de 2,8 millones de euros para la adquisición de 7.000 ordenadores (el mismo número que mesas electorales), Mas ha insistido que se destinaron a mejorar el sistema educativo.
