El despido de dos abogados ha hecho estallar la polémica en Podemos en plena negociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cuya formación acusa de supuesto acoso sexual a uno de los cesados, que a su vez denuncia represalias por haber querido investigar irregularidades en el seno del partido morado.
El momento no podía ser más inoportuno, cuando está a punto de cerrarse el primer Gobierno de coalición en España entre el PSOE y Unidas Podemos, pero la situación ha explotado sin que ninguna de las partes involucradas se esperase tal repercusión, y con graves acusaciones de acoso y de corrupción desde ambos lados.
El pasado lunes la dirección de Podemos comunicó su despido por burofax al abogado José Manuel Calvente, hasta entonces responsable de Protección de Datos del partido, tras abrirle un expediente por un supuesto acoso sexual y laboral a una trabajadora.
La dirección morada ha confirmado a EFE este extremo después de la carta que otra abogada del equipo de Calvente y responsable de Cumplimiento Normativo en la formación, Mónica Carmona, dirigiera una carta al Consejo Ciudadano Estatal, publicada en varios medios, en la que aseguraba que ambos habían sido víctimas de represalias por investigar irregularidades en Podemos.
El propio Calvente ha avanzado a EFE que presentará una querella por calumnias dirigida, entre otros, contra el secretario de Organización, Alberto Rodríguez, la diputada Ione Belarra y la gerente, Rocío Val, a quienes acusa de "construir pruebas falsas" para justificar un despido que él atribuye a haber querido investigar las "corruptelas" de Podemos.
Calvente niega que sean ciertas las acusaciones del partido de Pablo Iglesias, y que se recogen en la carta de despido que recibió el lunes, un documento de unos 20 folios -según ha podido comprobar EFE- que contiene documentación y mensajes para probar ese presunto acoso sexual, que derivaría después en acoso laboral a dicha empleada, según fuentes de la dirección morada.
El abogado, que trabajaba para Podemos desde 2014, niega todos los hechos e insiste en denunciar una persecución desde hace meses después de haber intentado aclarar algunas irregularidades que se detectaron tras recibir varias denuncias internas sobre contratos o despidos.
Entre ellas, menciona también la existencia de "sobresueldos" no regulados en Podemos e "indicios de criminalidad" en algunas actuaciones de la formación morada que requerían "corrección", como la "manipulación de las primarias para beneficiar a determinados candidatos" o el incumplimiento de la normativa de protección de datos.
Desde la dirección morada desmienten a EFE tajantemente esas acusaciones e insisten en que se ha producido "un despido por acoso sexual y laboral a una trabajadora".
"A raíz de su despido, se ha reordenado el departamento legal. Ninguna de las acusaciones vertidas por esta persona a raíz de su cese tienen ningún fundamento. El partido está valorando las acciones legales pertinentes", indican las fuentes consultadas por EFE.
Después lo confirmaba en público la secretaria de feminismo de Podemos, Sofía Castañón, en unas declaraciones en el Congreso, en las que repetía que el cese de Calvente se obedece a motivos de "acoso laboral por razón de género" y recordaba el compromiso de la formación morada en la lucha contra las violencias machistas y la discriminación.
Tras calificar de "inadmisible" el acoso sexual que se retrata en la carta de despido de Calvente, Castañón ha apelado a la "prudencia" y al respeto hacia la persona afectada: "Era necesario recalcar que no se va a permitir ningún tipo de acoso por razón de género dentro de Podemos y, por tanto, somos consecuentes con ello".
Así que se abre la posibilidad de que ambas partes terminen en los tribunales, por una y otras razones, mientras Pablo Iglesias, seguramente ajeno a todos los detalles de esta guerra interna, negocia con Pedro Sánchez y en total discreción los detalles del futuro Gobierno.
