Los conductores que están en pie de guerra son los de las furgonetas de distribución de alimentos de menos de 3.500 kilos, sin etiqueta ambiental. Las nuevas restricciones del Ayuntamiento de Madrid de cara al año que viene les impide entrar en Madrid Central. Una medida que afecta al 80% de esos vehículos.
La Asociación de Transportistas Autónomos (ATA) ve "imposible" que el sector pueda adaptarse a los nuevos requerimientos ambientales tras la decisión del Ayuntamiento de Madrid que prohíbe a partir del 1 de enero el acceso de vehículos de menos de 3.500 kilos sin distintivo ambiental a Madrid Central.
Según ha informado ATA en un comunicado, para el transporte madrileño "se abre un horizonte sombrío" después de que en la última Junta de gobierno no se aprobara una moratoria de un año. En este sentido, han repudiado que "no se dan las condiciones mínimas y necesarias para abordar un cambio de estas características".
Sobre las ayudas para la renovación de flotas, han señalado que "no está del todo claro quiénes se podrán beneficiar" porque al ser ayudas de carácter municipal "sus destinatarios serán aquellos que estén domiciliados en el término municipal de Madrid" y, en este sentido, han sostenido que la mayoría de los transportistas residen en la periferia.
En esta línea, han manifestado que esta situación afectará al "30 por ciento" de las furgonetas que prestan su servicio en Madrid, mientras que el coste ambiental que generan estos vehículos "supone el 1,6 por ciento del total que genera el tráfico en la zona centro".
También, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España ha lamentado la decisión del Ayuntamiento de Madrid de rechazar la moratoria de un año que solicitaban conductores de furgonetas y pequeños camiones de reparto para acceder a Madrid Central y no podrán hacerlo a partir de enero.
La prohibición afectará "al 20 por ciento" de estos vehículos de distribución de mercancías que, según la federación son uno de los principales grupos "afectados por dicha medida"que además tienen "limitaciones de horario establecidas" para llevar a cabo las labores de carga y descarga.
Por ello, Fenadmiser con el apoyo de asociaciones de transportistas habían solicitado un "periodo transitorio de adaptación más largo" para hacer frente a las inversiones que requieren la renovación de la flota y alegando "la escasez del mercado de vehículos propulsados por energías alternativas en el sector del transporte de mercancías, así como la nula existencia de puntos de recarga en la vía pública".
Asimismo, repudian la decisión del Consistorio porque "se había comprometido públicamente semanas atrás a conceder una moratoria de un año" y a "conceder ayudas económicas para facilitar su conversión". En este sentido, han advertido que afectará "gravemente" a la actividad del suministro y abastecimiento de todas las mercancías que precisa la ciudad.
El delegado Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha aseverado que la decisión está "contemplada en la Ordenanza" y que tiene una "tramitación muchísimo más larga que un acuerdo de la Junta de gobierno". "En todo caso, la Ordenanza de Movilidad se está modificando con carácter inmediato ya que se ha iniciado la consulta previa y, a partir de ahí, intentaremos modificar aquellas cuestiones que nosotros consideramos que suponen una mejora para Madrid Central", ha concluido.
