Tras meses de arduas negociaciones entre las dos formaciones del Gobierno, este martes se ha aprobado el anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la llamada 'Ley Trans'.
No ha sido fácil, la negociación ha venido marcada por desencuentros públicos entre la ministra de Presidencia, Carmen Calvo e Irene Montero, Ministra de Igualdad.
Finalmente se ha impuesto el criterio de Unidas Podemos para que exista la autodeterminación de género: cualquier persona mayor de 16 años podrá cambiar de sexo con un trámite administrativo y acudir a un registro para cambiar nombre y sexo en el D.N.I. sin necesidad de prueba alguna, ni de un testigos, ni informes médicos.
El ala socialista del gobierno apostaba por mayor seguridad jurídica y ha logrado incluir en la Ley que el solicitante de cambio de sexo tenga que ratificar su decisión a los tres meses.
De 14 a 16 años el solicitante necesitará la autorización de los padres y si tiene entre 12 y 14 años necesitará la intervención de un juez.
El texto aprobado establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley, ya que las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo, tras un plazo de al menos seis meses.
Ahora se inicia un largo trámite parlamentario con ponencias de expertos y enmiendas que podrían modificar la propuesta el gobierno.
"Hacemos historia, es una muestra de la fortaleza de un gobierno que es aliado de esas personas", ha dicho Irene Montero
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha restado importancia a las discrepancias y ha asegurado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al cuestionar en su día el cambio de sexo por "mera voluntad o deseo", se hacía eco de la doctrina constitucional, que exige "madurez y estabilidad" para dar ese paso.
Tanto el PP como Vox han dejado claro su rechazo a la posibilidad de cambiar de sexo en el registro sin necesidad de informe médico ni testigos a partir de los 14 años. El PP ve necesaria una ley trans, pero cree que la diseñada por Igualdad "va a suponer el borrado de las mujeres" en las políticas aprobadas para protegerlas.
La norma prevé facilitar la filiación de hijos de lesbianas, la reproducción asistida para personas con capacidad de gestar y prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento, destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.