La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) piden a los políticos que cumplan el precepto constitucional de desarrollar una ley que proteja el secreto profesional de "abusos intolerables como el que han sufrido nuestros compañeros". Ambas entidades también "exigen" a la fiscalía, a los jueces y a las fuerzas de seguridad que respeten y hagan respetar el derecho fundamental a la libertad de información.
El registro policial y la incautación judicial de ordenadores, móviles y documentación a periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca para identificar una fuente de informaciones en el 'caso Cursach', ha sido el detonante de las protestas que han unido a más de 900 profesionales de todo el país que ya han firmado el manifiesto redactado por la APIB en defensa del derecho a la información y la libertad de prensa.
Estas organizaciones de periodistas subrayan en el manifiesto que esta intervención policial, ordenada por un juez de instrucción con el "aval" de la Fiscalía Anticorrupción, supone un "ataque directo" al ejercicio libre del periodismo, "garantía" del derecho a la información de la ciudadanía. También se reseña que la Constitución española, las leyes y la jurisprudencia en todas las democracias avanzadas del mundo amparan el derecho al secreto profesional de los periodistas.
Los periodistas creen que el Consejo General del Poder Judicial "no puede permanecer ajeno a este despropósito", ordenado por el juez de instrucción 12 de Palma de Mallorca, Miguel Florit, con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, ya que una de sus misiones es "procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos".
Querellas contra el juez Florit
Editora Balear, propiedad de Diario de Mallorca, la agencia Europa Press, y los dos periodistas a los que el juez Miguel Florit ordenó incautar material de trabajo, han presentado en Palma una querella criminal contra este magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
En la querella presentada 48 horas después de la incautación, cuyo escrito ha sido facilitado a Efe, se acusa al juez Florit de los presuntos delitos de "prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción".
En el escrito se solicita que el Tribunal Superior de Justicia ordene al Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma de Mallorca y a la Policía Judicial "la inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados en ejecución del auto calificado en la presente querella como prevaricador. Además, se pide al Tribunal que se elimine de forma inmediata cualquier "dato o copia que se haya extraído de los mismos, que se haya hecho constar en cualquier soporte material o virtual, en papel o informático".
También reclama que el juez Florit declare, y que lo hagan también los dos periodistas en calidad de testigos.
El juez Florit ordenó estas incautaciones con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación sobre una filtración a la prensa relacionada con el llamado caso Cursach, y respuesta a una solicitud presentada por la Fiscalía y los representantes legales de Bartolome Cursach, el mayor empresario balear del negocio del ocio nocturno.
