Una jueza pide a Moncloa los contratos del colaborador de David Sánchez

  • "Los indicios de criminalidad existentes se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas" sostiene la juez 
  • La defensa del hermano del presidente del Gobierno recurre la providencia de la jueza
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      Foto: Telemadrid |Vídeo: Telemadrid

      El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha pedido a la Presidencia del Gobierno a que "a la mayor brevedad" posible le informe sobre los puestos que haya ocupado Luis María Carrero en esa institución, los contratos laborales firmados, su fecha de inicio y final, y el motivo y fecha de la extinción de su relación laboral.

      Así se establece en un auto dictado por la jueza Beatriz Biedma, al que ha tenido acceso Europa Press, respecto a Luis Carrero, trabajador de la Diputación de Badajoz como colaborador de David Sánchez, y que trabajó previamente en La Moncloa.

      Además, la jueza también ordena preguntar al Teatro Real de Madrid si David Sánchez Pérez-Castejón "ha tenido o tiene cualquier tipo de relación laboral con dicha institución", así como si ha ocupado u ocupa algún tipo de cargo en cualquier órgano, y que en su caso, aporte las remuneraciones que le hayan sido abonadas y si existen acuerdos o cualquier tipo de convenio entre el Teatro y la Diputación de Badajoz desde septiembre de 2016 hasta la actualidad.

      En este auto, también se ha cita a declarar como testigos que era coordinador de Podemos Extremadura en 2017, Álvaro Jaén, que el 3 de julio de ese año denunció en rueda de prensa la creación del Puesto de Alta Dirección objetivo de este caso, así como del representante de CSIF Francisco Serrano, quien opuso a la creación de la plaza en la Mesa de Negociación que tuvo lugar el 26 de octubre de 2016.

      Ambos han sido citados a declarar en calidad de testigos el próximo 14 de febrero, a las 9,30 horas en el caso de Álvaro Jaén, y a las 10,00 horas, Francisco Serrano.

      La jueza del caso David Sánchez cita a declarar el próximo 7 de febrero a cuatro nuevos testigos
      La jueza del caso David Sánchez cita a declarar el próximo 7 de febrero a cuatro nuevos testigos
      La jueza del caso David Sánchez cita a declarar el próximo 7 de febrero a cuatro nuevos testigos

      La jueza del caso David Sánchez cita a declarar el próximo 7 de febrero a cuatro nuevos testigos

      Finalmente, la jueza titular requiere a la Diputación de Badajoz para que aporte "a la mayor brevedad posible", toda la documentación relativa al procedimiento de creación y provisión de la Jefatura de Servicio de Coordinación y Gestión Administrativa de los Conservatorios de Música.

      Además, el auto establece que "no proceden los sobreseimientos solicitados" por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y cinco investigados en este caso, ya que según señala la jueza, "no nos encontramos en el momento procesal oportuno para determinar si proceden los sobreseimientos solicitados".

      LA DEFENSA DE DAVID SANCHEZ RECURRE

      La defensa de David Sánchez ha presentado un recurso para pedir al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que declare nula de pleno derecho la providencia dictada por la jueza Beatriz Biedma el pasado 20 de enero, en la que pide documentación relacionada con la contratación de dos personas por la Diputación de Badajoz.

      Nadie asume la responsabilidad de la creación del puesto de David Sánchez
      Nadie asume la responsabilidad de la creación del puesto de David Sánchez
      Nadie asume la responsabilidad de la creación del puesto de David Sánchez

      Nadie asume la responsabilidad de la creación del puesto de David Sánchez

      En la providencia, Biedma hace referencia a la adjudicación de los puestos de trabajo de Ángel Seco y Luis María Carrero, con quienes David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, intercambió correos como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz antes de que ambos fueran contratados por la institución provincial.

      El letrado Emilio Cortés ha explicado este miércoles a EFE que “para poder intervenir unos correos electrónicos es necesaria una resolución judicial que especifique para qué se intervienen”. Y, además, ha señalado que cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino correos en la Diputación de Badajoz el pasado mes de julio relacionados con el caso "no se hablaba" de las dos personas a las que se refiere la providencia de la jueza.

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