Un juez les ha dado dos meses de plazo a las 90 familias de Alcorcón, la mayoría de ellos gente con más de 80 años, afectados por el plan Permuta, para dejar sus viviendas adaptadas del Ensanche de Vallecas. Un situación que los afectados viven como un auténtico drama. Señalan que regresar a sus antiguas viviendas significaría quedar recluidos en ellas. No quieren oír hablar de ello y piden una solución antes de tener que dejar sus casas adaptadas.
Telemadrid ha hablado con algunos afectados. El caso de Said es uno de ellos. Un niño dependiente que necesita su cama y su baño adaptado para poder vivir con dignidad. Su madre Lorena asegura que para ella es inviable volver a su antigua casa donde le sería prácticamente imposible acometer labores cotidianas como el baño.
Otros afectados son tajantes al explicar el miedo que sienten a perder esta casas adaptadas. Uno de elos sentenia con esta frase el temor que siente "Yo me quiero morir. Si me muriese me quedaba muy a gusto".
No es el único, para Luis, la noticia ha caído como un jarro de agua fría. No sabe como hacer frente a la compra de esta casa y la venta de la otra. Es diabetico y lo que quiere es vivir con tranquilidad
En dos meses sabrán su futuro, pero saben que este será muy negro sino tienen ascensor que les permita salir a la calle.
Plan Permuta
Con el plan Permuta, personas mayores, cuyos domicilios se situaban en calles estrechas de la zona centro y carecían de ascensor, cedían sus pisos a un plan de alquiler joven, mientras se instalaban en un bajo accesible del nuevo desarrollo del Ensanche Sur de forma vitalicia.
Ahora, la actual administración concursal de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa), propietaria de las viviendas cedidas, ha comunicado a los afectados que, tras un auto de un Juzgado mercantil, "se debe proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta".
De esta forma, según se ha comunicado a los vecinos afectados por la medida, tendrían dos opciones: el derecho a adquirir la propiedad de la vivienda de protección pública donde viven actualmente o regresar al antiguo piso en propiedad, ambas con una compensación económica por la pérdida del derecho vitalicio sobre la vivienda. Y lo deben hacer en un plazo de dos meses.
