La Guardia Civil y la subdirección general de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han desarticulado varios grupos dedicados a la explotación ilegal de residuos peligrosos a terceros países y han detenido a 11 personas, en una operación en la que han neutralizado varios flujos de estos materiales a países con economías en desarrollo.
La organización, de la que formaban parte varias empresas ubicadas en las provincias de Álava, Vizcaya, Salamanca, Valencia y Madrid, se encargaba de adquirir los residuos en España, buscar los clientes en países como Libia, Irak, Ghana o Guinea Bissau, y eludir el control de la administración, llegando a utilizar para ello puertos de salida en Francia y Portugal.
Once personas detenidas
La primera actuación fue en un puerto de Francia donde se interceptó un contenedor cargado con disolventes con destino a Libia, lo que llevó a los investigadores hasta unos gestores del País Vasco y a un ciudadano libio que había posibilitado las exportaciones, ha explicado a Efe el capitán Carlos Astrain, de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Los residuos se exportaban a distintas partes del mundo
Los residuos se exportaban a distintas partes del mundo, en función del tipo que se tratase.Así, las empresas implicadas enviaban disolventes industriales en grandes cantidades para ser eliminados en Libia.
Al parecer, estos componentes eran vertidos sin control alguno, lo que reducía enormemente los costes, a pesar de que el productor del residuo ya había pagado por su gestión.
La investigación permitió identificar también empresas que se dedicaban a enviar motores de automóviles y camiones a Irak, cuyo beneficio consistía en extraer la parte útil o los materiales reciclables y desechar el resto sin ningún tipo de reciclaje.
Los líquidos contenidos en estos motores pueden provocar una degradación de los suelos y la contaminación de los acuíferos de la zona donde se desechan.
A partir de ahí, la investigación llevó a otro centro autorizado de tratamiento de vehículos de Madrid que enviaba motores de camiones a países subsaharianos como Ghana, Mali o Guinea Bissau.
