El acuerdo firmado por el PSOE y Junts asegura que hay "lawfare", que traducen como judicialización de la política. ¿Pero qué es en realidad? Es el uso abusivo de la Justicia con fines políticos. Algo típico en dictaduras, o como alertan ya las asociaciones judiciales, una práctica chavista.
El hecho de que el PSOE haya firmado esto significa aceptar que en España ya los jueces han actuado así, ante el estupor y queja de todo el mundo de la judicatura.
Aunque el PSOE ahora lo niega, en el acuerdo, negro sobre blanco, se escribe que serán los políticos a través de comisiones de investigación quienes emprenderán "acciones de responsabilidad" sobre sobre los jueces. Alertan del riesgo evidente de la quiebra de la democracia.
Los jueces creen que esas comisiones abren la puerta a que se traten de ejercer acciones de responsabilidad contra ellos, tales como promover expedientes, querellarse o reclamar indemnizaciones.
Y aunque ese escenario no se llegase a materializar, un magistrado subraya que desde ahora "el PSOE de Sánchez ya ha hecho la amenaza y cualquier juez que en el futuro adopte una decisión sobre la ley de amnistía, está ya condicionado", y "eso es tremendo, brutal", porque "es lo que hacen las dictaduras de cualquier corte ideológico".
Desde el Supremo quieren dejar claro que sus decisiones judiciales "no se pueden revisar por el Legislativo", por eso la referencia al "lawfare" del acuerdo "no concilia con la separación de poderes". "Lo que se ha hecho no es normal, es una desviación", apunta otro.
El PSOE reconoció este sábado que han “tenido que explicar” la inclusión del término “lawfare” en el acuerdo político firmado con Junts, pero que ya está explicado y que circunscribe la acción judicial a las actuaciones derivadas de las comisiones de investigación ya pactadas en el Congreso: la que analiza la 'operación Kitchen’ y la que estudiará el 'caso Pegasus'.
Así lo dijo el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, desde el Congreso del Partido Socialista Europeo que se celebra en Málaga cuando se le preguntó directamente si ha sido un error incluir el término ‘lawfare’: “Lo hemos tenido que explicar, explicado está”, admitió el exlehendakari.
El independentismo ha denunciado haber sido víctima del "lawfare", empezando por el "caso procés", en el que acusan al Supremo de haber asumido irregularmente la competencia para juzgar una causa y de nutrirla con atestados de la Guardia Civil que consideran que se confeccionaron con la intención de hacer encajar el 10 en los delitos de rebelión o de sedición.