Esta semana se han cumplido cinco años desde que la banda terrorista ETA anunciara su disolución. El tres de mayo de 2018, Soledad Iparragirre, encarcelada en Francia, y Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, huido de la justicia, anunciaron la disolución de ETA. Ternera leía el comunicado. La banda terrorista dejaba detrás más de 800 asesinatos y 7.000 víctimas en sus casi 60 años de historia.
Cinco años después, la sombra de ETA sigue siendo alargada. Las heridas continúan abiertas, y los intentos del abertzalismo radical para elaborar un discurso en donde no hay ganadores ni perdedores, y donde las responsabilidades son compartidas, no ayuda a cerrarlas. Es lo que denuncian las víctimas del terrorismo.
La tradicional política penitenciaria de alejamiento de los presos ha sido revocada por el actual Gobierno, y hoy todos los reclusos de ETA están en cárceles vascas o navarras, y gozan de la protección del Ejecutivo del PNV desde que, finalmente, se transfirieron las competencias en la materia.
Bildu, heredero político de la banda terrorista, es hoy socio preferente del Ejecutivo de Sánchez. Sus apoyos basados en el axioma de “votos por presos” le ha posibilitado lograr su apoyo para sacar adelante desde la moción de censura a Mariano Rajoy, hasta los presupuestos de este año.
