Todo empezó con la firma entre el PSOE y Podemos de un acuerdo de intenciones para un proyecto de presupuestos en común. De esa firma se pasará este lunes a la concreción legislativa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará en el Congreso unos presupuestos que prevén unos ingresos un 10% superiores a los de 2018.
Más de la mitad de este dinero se destinará a gasto social. En concreto, la gran porción del gasto se llaman pensiones: 42 de cada 100 euros públicos se destinarán a los pensionistas. Todo ello con un objetivo ambicioso de déficit que sobre el papel se rebajará al 1'3 por ciento del Producto Interior Bruto.
Al margen del debate las cifras, estos presupuestos necesitan sobre todo el debate de las palabras.
Primero deben pasar el trámite de las enmiendas a la totalidad en febrero. El Gobierno superaría ese trámite si logra el apoyo de los independentistas y del resto de grupos que le apoyaron en la moción de censura.
De repetirse los votos en contra que hubo a la senda de estabilidad, en el debate de totalidad de los Presupuestos al Gobierno no le bastaría con abstenciones del resto de partido, sino que necesitaría que tanto ERC y PDeCAT rechazaran las enmiendas votando junto al bloque que busca tramitar las cuentas.
Después el debate de las enmiendas parciales y su paso por el Senado, con el veto casi seguro de la mayoría absoluta del Partido Popular.
La última palabra la tendrá la votación del Congreso, que puede levantar el veto del Senado y dar o quitar el respaldo mayoritario que necesita el Gobierno. Será en abril o mayo.
Hasta entonces, el tramite presupuestario marcará el ritmo de la legislatura.
