Funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid llamaron en días anteriores a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo a promotores de distintas manifestaciones y concentraciones convocadas en la región para solicitarles que de 'motu proprio' suspendieran las mismas por la situación de crisis sanitaria creada por la pandemia de covid-19. Todo ello a pesar de que la institución comunicó el pasado 20 de abril a la juez que investiga la actuación del delegado, José Manuel Franco, que no había recibido ninguna alerta antes de esa fecha.
Así consta en el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, encargado por la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación de Franco por la autorización de la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer el 8 de marzo, en medio de la pandemia de covid-19.
Los investigadores han tomado declaración a 20 personas que habían solicitado autorización a la Delegación del Gobierno, entre finales de febrero y principios de marzo, para convocar concentraciones o manifestaciones en distintos puntos de la comunidad y por distintas razones. Entre esos promotores se encuentran la Plataforma Afectados FUSARA, el Sindicato AST, la Federación de Servicios de CCOO, el sindicato CGT AMAZON, las plataformas de pensionistas de Móstoles, San Sebastián de los Reyes y Alcorcón, Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe o la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler.
De acuerdo con las testificales de estos promotores, la Guardia Civil concluye que en todas las desconvocatorias de estas manifestaciones "se alude la crisis sanitaria del covid-19". De todos los actos previstos en la primera quincena de marzo, un total de 22 se cancelaron "por motivos sanitarios, de los cuales 14 de ellos son los propios promotores los que de oficio deciden cancelar la celebración, e incluso en fechas tempranas".
La primera fecha de desconvocatoria realizada por los promotores a iniciativa propia fue el 5 de marzo y la última, el día 14 de ese mes. Según el informe de los investigadores, la mayoría de esas llamadas se produjeron en la semana entre el 8 y el 14 de marzo, esto es, antes de la declaración del estado de alarma, a pesar de que la Delegación del Gobierno afirmara el 20 de abril que "no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo".
Los investigadores de la Guardia Civil llaman la atención sobre la "inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por Delegación del Gobierno", así como el "especial interés" por parte de esta institución en que "fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones". En su opinión, esto "hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial, y, por otro, el amplio conocimiento de la Delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios".
Debido a que en los expedientes remitidos por Delegación del Gobierno al juzgado de Rodríguez-Medel no constan esas llamadas supuestamente realizadas por funcionarios, la magistrada ya ha pedido a la institución que amplíe su informe de abril sobre las 21 manifestaciones y concentraciones que fueron desconvocadas "bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno" y que detalle las "fechas en las que se hicieron tales requerimientos desde la Delegación (desde cuándo y hasta cuándo) y cauce por el que se hicieron".
