El largo debate entre partidarios y detractores de Madrid Central

  • Madrid Central, entre la defensa de la salud y la amenaza de colapso en la ciudad
Señal de Madrid Central
Señal de Madrid Central |ARCHIVO

Madrid Central, la gran área de residentes auspiciada por la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha provocado en los últimos meses una agria polémica entre el Consistorio madrileño y la Comunidad de Madrid. Partidarios y detractores enfrentan sus argumentos. Lo que para unos es "defensa del derecho a la salud", para otros es un "monumento a la improvisación y una amenaza de colapso en la ciudad".

Desde este próximo 30 de noviembre, la implantación del proyecto Madrid Central implicará que por las calles del distrito Centro de la capital solo podrán circular los coches de residentes y de sus invitados, el transporte público, vehículos de servicios sanitarios e industriales, de reparto con permiso y vehículos con etiqueta cero emisiones.

El Ayuntamiento de Madrid ha defendido esta gran área de Prioridad Residencial (APR) en el distrito Centro dado que favorece la calidad del aire en la ciudad y también el transporte público, el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal en la zona.

Frente a ello, el Ejecutivo autonómico ha reclamado la suspensión de la iniciativa que ha recurrido en los tribunales, a los que demanda su suspensión cautelar. Considera que afectará negativamente a la movilidad y a la economía de la región y no contribuirá, con su actual diseño, a reducir la contaminación.

Sabanés dice que existe "consenso social" en torno a la mejora de la calidad del aire y critica "todo ese negacionismo" en torno a Madrid Central. Algo que Ángel Garrido considera "absurdo" y contrario a los intereses de una ciudad que "necesita moverse". Alega que existen diez objeciones que demandan su aplazamiento.

Para el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Carlos Izquierdo, todo se debe a una carencia de información. "La Comunidad quiere conocer la situación exacta de Madrid Central, no tenemos la información, no nos han mandado los informes que se solicitaron y no tenemos garantías de que vaya a funcionar bien", ha sostenido.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, firme defensora de la medida, responde que "había que hacerlo, porque nos obliga una Directiva europea y porque la ciudad y la salud de los madrileños lo necesitan".

"Había que hacerlo, porque nos obliga una Directiva europea y porque la ciudad y la salud de los madrileños lo necesitan"

Los partidos

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, de Ahora Madrid, dice que el objetivo de Madrid Central es situar a la capital de España “a la altura de las capitales europeas y que la movilidad de Madrid se entienda como se entiende en ellas y en las ciudades nórdicas". “Los ciudadanos quieren Madrid Central y lo reflejarán en las urnas”, argumenta.

Ciudadanos y PP han pedido en la Asamblea y en el Ayuntamiento la paralización de Madrid Central, mientras que el PSOE ha dado su visto bueno al proyecto, aunque ha afeado la falta de consenso y Podemos lo ha defendido.

Las plataformas

Al hilo de la polémica, no es extraño que ambas posiciones hayan impulsado plataformas cívicas de apoyo a sus posiciones.

La Plataforma de Afectados por Madrid Central incluso ha pedido "amparo" al Defensor del Pueblo y le han presentado 7 propuestas para mejorar la nueva medida porque se trata de "un proyecto improvisado, impuesto y acelerado", según el portavoz de la agrupación, José Antonio Aparicio. A su lado está la Asociación de empresas de Transportes (Jorge Somoza) , asociaciones de pequeños comerciantes, restaurantes y hosteleros del centro de Madrid.Todavía no han recibido una respuesta oficial de la alcaldesa, Manuela Carmena, para la reunión que desean tener con ella, pero creen que "hay margen para el encuentro y para la mejora".

"Hay margen para el encuentro y para la mejora"

Enfrente, en apoyo a Madrid Central, están grupos ecologistas, asociaciones vecinales y colectivos en defensa de la movilidad ciclista, agrupados en torno a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Su presidente, Quique Villalobos, considera esta medida "necesaria" para la capital.

Ecologistas en Acción, la Fapa Giner de los Ríos, Greenpeace, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y la Federación Española de Cicloturismo, entre otros colectivos, forman parte de ella.

Si estos han optado por las manifestaciones como la registrada en la Puerta del Sol el pasado sábado 17 de noviembre, los otros se han aplicado a recoger firmas en una campaña que han denominado "Madrid Sostenible". "Engañados por el Ayuntamiento".

Empresarios y sindicatos

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Juan Pablo Lázaro, lo considera "una apuesta innecesariamente arriesgada" que se tendría que haber hecho "de una forma más escalonada". "No nos gusta porque falta análisis, no estamos en contra de que haya cierres de calles o calles peatonales, pero "cuando cierras un área demasiado amplia, existe un riesgo de que la gente no vaya". CEIM pide un informe del impacto económico de Madrid Central con carácter previo.

Los dueños de los aparcamientos públicos y privados creen que la nueva APR les va a hacer perder el 60% de la clientela. La Asociación de Empresarios de garajes, aparcamientos, estaciones de engrase y lavado y autoestaciones de Madrid (AMEGA) y su presidente, Domingo Prada, piden una reunión del Ayuntamiento y se quejan de que tendrán que hacer una inversión importante en los lectores de matrículas.

La Asociación de Empresarios del Hospedaje de la Comunidad de Madrid (AEHCAM) teme los posibles perjuicios al turismo de las restricciones al tráfico de Madrid Central y reclama permisos para vehículos de transporte de viajeros. Para esta organización, las restricciones al tráfico privado de no residentes harán de Madrid una ciudad "menos 'friendly (amigable) para el turismo", al ignorar las necesidades de los eventos sociales, bodas y celebraciones de cualquier tipo.

Los sindicatos UGT y CCOO llaman al acuerdo entre Ayuntamiento y Comunidad para ofrecer alternativas a los ciudadanos que no puedan acceder al centro de la ciudad. A sus secretarios regionales Luis Miguel López Reillo (UGT) y Jaime Cedrún (CCOO) les gusta la iniciativa "porque lo pide la Unión Europea y por sentido común desde el punto medioambiental y de la salud de los madrileños". A Cedrún le "preocupa que unas medidas de estas características no vengan acompañadas de un acuerdo entre todas las administraciones para dar una alternativa a todos aquellos que no pueden acceder con su vehículo al centro de la ciudad, que son las personas que tienen menos poder adquisitivo y que son los que tienen los coches más viejos, los Diésel, debido a que en su momento se incentivó la compra de este tipo de vehículos".

"Preocupa que unas medidas de estas características no vengan acompañadas de un acuerdo entre todas las administraciones"

Coincide en ello López Reillo (UGT), que ha resaltado que la puesta en marcha de Madrid Central requiere "una buena coordinación entre el Ayuntamiento de la capital, la Comunidad y el Estado".

Claro que, incluso en sus filas, hay discordancia. Ángel Juberías, secretario de Movilidad y Medio Ambiente de CCOO, considera que con Madrid Central "el Ayuntamiento cambia el 'quien contamina paga' dirigido a productores por el 'quien paga puede contaminar' dirigido a consumidores". Dice que faltan alternativas al coche privado. "No se está apostando por el transporte público colectivo, sino por patinetes y bicicletas, que son vehículos de movilidad individual para la última y primera milla, pero no es la solución para todas aquellas personas que vienen de la periferia. No se apuesta por una verdadera alternativa a la movilidad", argumenta.

Desde la periferia

El debate, como era de esperar, ha llegado más allá de la capital. El pleno del Ayuntamiento de Alcorcón aprobó una proposición para que Carmena paralice la entrada en vigor de Madrid Central por ser una "agresión" a los alcorconeros. Su alcalde, David Pérez, del PP, critica la "falta de respeto institucional" del equipo del Consistorio de la capital que no se ha puesto en contacto con las ciudades próximas para "poner en marcha dispositivos conjuntos, analizar las medidas y sus consecuencias". Para Pérez las medidas de Madrid Central son "poco solidarias" porque van a provocar "muchos atascos" y "seguramente más contaminación de la que va a impedir". Es un "muro" para los vecinos que necesitan entrar a diario a la capital.

No ha sido el único. La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant (también del PP), recoge firmas contra la puesta en marcha de Madrid Central bajo el lema '¡Con Carmena no entras!'. Pérez Quislant considera que la medida afectará a "un importante número" de vecinos que diariamente se desplazan a trabajar desde Pozuelo a la capital.

Las excepciones

Los padres de alumnos cuyos colegios están afectados por Madrid Central y el área de Medio Ambiente y Movilidad tuvieron que llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que los centros educativos pudieran dar las autorizaciones necesarias para los progenitores que necesiten dejar y recoger a sus hijos, en coche. El acuerdo fue posible gracias al buen hacer de Inés Sabanés, "clave" para "desbloquear" la situación y así se lo reconocía el miembro del AMPA Santa Isabel, José Luis Castellano.

El Ayuntamiento habilitará permisos especiales para que los empleados que viven fuera de la capital y que trabajan de noche en el futuro Madrid Central puedan acceder con sus vehículos. Los afectados quieren que la medida incluya a todos, también a los que viven dentro de la capital.

Una asociación que agrupa a 8.0000 familias numerosas ha sido el último colectivo en sumarse como afectados por el cierre del centro de Madrid. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid piden disponer de un distintivo especial o abonar una tarifa anual para acceder y estacionar- para el colectivo. Las familias numerosas, argumentan, tienen "casi todas coches diésel, no muy nuevos" y sufren "inconvenientes para utilizar el transporte público por las sillas de bebé y por el coste".