La resolución, fechada el 17 de julio y a la que ha tenido acceso Efe, ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la citada Sala y responde al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 27 de diciembre de 2018.
Esta sentencia, dictada por la consejera de Cuentas María Antonia Lozano Álvarez, consideró probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros.
Además de Ana Botella, resultaron condenados su entonces equipo de Gobierno, coincidente con la Junta de Accionistas de la EMVS: Concepción Dancausa -exdelegada del Gobierno en Madrid-; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -altos cargos del actual Gobierno regional-; Dolores Navarro y Pedro del Corral -exedil del Ayuntamiento de Madrid.
Los votos
Margarita Mariscal de Gante y Mirón, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella, y José Manuel Suárez Robledano, han sido los dos consejeros -ambos nombrados a propuesta del PP- de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que han votado a favor de la absolución de la sentencia conocida este miércoles.
Entre los motivos del recurso de la sentencia apelada figuran que no existió daños a los caudales públicos, ni acción antijurídica ni actuación culposa alguna de los dirigentes de la EMVS, "sino todo lo contrario, esto es, una actuación diligente, respaldada, en todo caso, por los servicios técnicos y jurídicos de la empresa, por el Plan de Viabilidad aprobado por la EMVS, por el Ayuntamiento de la capital y por la Comunidad, que logró invertir las pérdidas de la empresa, evitando su disolución y la supresión de 300 puestos de trabajo".
El consejero que ha votado en contra y que ha formulado un voto discrepante ha sido Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, que sostiene que hubo irregularidades y responsabilidad contable en la venta de estas casas protegidas.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha prohibido al fondo de inversión Fidere vender o alquilar libremente los 1.860 pisos adquiridos a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013 y ha impuesto una fianza millonaria al entonces consejero delegado de la empresa, Fermín Oslé.
El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial ordenó por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas municipales por parte del Gobierno municipal de Ana Botella al estimar el recurso interpuesto por el PSOE, la EMVS y la Asociación de Afectados. En el auto, fechado el 27 de junio, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid (que tuvo que volver a iniciar sus actuaciones) prohíbe a Fidere vender o alquilar libremente estas viviendas.
Más Madrid y PSOE exigen un recurso de casación
Los grupos de la oposición municipal han exigido al Ayuntamiento de Madrid que presente recurso de casación contra el fallo de Tribunal de Cuentas.
Marta Higueras de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha reclamado que se eleva a casación ante el Tribunal Supremo "por decencia y regeneración democrática". En la misma línea, ha ido la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha criticado que haya sido "una exministra de (José María) Aznar" --Margarita Mariscal de Gante, presidenta de la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas-- y un consejero propuesto por el PP absuelven a Botella por la venta de viviendas públicas a los 'fondos buitre'". "No sorprende pero sí avergüenza", termina la edil.
Por su parte, la portavoz del PSOE en la comisión de Desarrollo Urbano, Mercedes González, ha instado asimismo al Ayuntamiento de Madrid a "acudir al Tribunal Constitucional" por el daño patrimonial a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS). Es "una sentencia de parte". "Margarita Mariscal es la presidenta de la Sala donde se ha llevado la apelación y es una sentencia de parte. Fue ministra de Justicia de José María Aznar y tiene una declarada amistad con uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, a la sazón cuñado de Botella", ha subrayado. "Todo queda en casa y no tiene ningún tinte recto", ha asegurado González, quien ha insistido en que la sentencia apelada esta "más que probada" y que los daños patrimoniales son "incuestionables".
Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz,ha reprochado a la izquierda dudar del tribunal: "Somos firmes defensores de la justicia, y acatamos cuando nos gustan y cuando no".
En lo que respecta a las críticas de que la presidenta de la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Margarita Mariscal, sea exministra de José María Aznar, Sanz ha asegurado que le "sorprende" porque en la sentencia de 2018 "se produjo en otras condiciones" y "nadie de la izquierda tenía criterios respecto a las personas que habían dictado esa sentencia o las posibles vinculaciones políticas o personales que podría haber". "No vamos a entrar en eso, acatamos y respetamos la sentencia. Somos firmes defensores de la justicia, y acatamos cuando nos gustan y cuando no. Es mal camino poner en duda a los tribunales y el de cuentas", ha lanzado.
