La Asociación de Fiscales exige la dimisión del fiscal general por la filtración que afecta a la pareja de Ayuso
- La Abogacía pide investigar la filtración para determinar su autoría e "iniciar las acciones penales o disciplinarias"
La Asociación de Fiscales exigió este viernes la "inmediata dimisión" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración a los medios de comunicación de comunicaciones entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado, la Asociación de Fiscales defiende "el deber de confidencialidad que afecta al derecho de defensa" y considera que "se puede ver vulnerado con indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes o de cualquier otra actuación en procedimientos que se encuentran 'sub iudice'".
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Añade que ese deber de reserva afecta a los letrados defensores "pero también e incluso con mayor motivo al Ministerio Fiscal como garante que es de la legalidad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales".
"De haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación". Por ello, "ante la actuación que daña gravemente el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal", exige la "inmediata dimisión" del fiscal general "cómo máximo responsable de estos hechos".
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La Abogacía pide investigar la filtración
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española pidió este viernes investigar la filtración de comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y el abogado de Alberto González Amador para determinar su autoría e "iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda".
Así lo reclama en una declaración institucional "en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad".
Reunido en Pleno, el Consejo General de la Abogacía Española considera que la difusión del contenido concreto de comunicaciones, en este caso correos electrónicos, intercambiadas entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado "supone una clara vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes que este Pleno rechaza y condena".
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"Es imprescindible que dichos extremos sean objeto de investigación para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda", añade, a la vez que considera "legítimo que el Ministerio Fiscal, en el uso de las facultades que le atribuye su Estatuto Orgánico, informe en relación con hechos aparecidos en medios de comunicación en los que se cuestione su actuación".
Sin embargo, para el Consejo de la Abogacía, dichas comunicaciones "no pueden, en ningún caso, exceder de las facultades de información que atribuye a la Fiscalía el citado Estatuto en el artículo 4.5, sino que deben realizarse en el marco de la Instrucción de la Fiscalía 3/2005 de 7 de abril sobre relaciones del Ministerio Fiscal con medios de comunicación y respetar, en todo caso, el Protocolo de conformidades suscrito entre el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio Fiscal, para impedir que se puedan rebelar datos que pueden perjudicar la posición del investigado en el proceso".
