La Comunidad de Madrid trabaja ya en los contenidos y trámites de la futura Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la región, un nuevo marco jurídico que, en coordinación con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, sentará las bases de las actuaciones de los organismos e instituciones en el ámbito de la protección civil y las emergencias.
La Ley entrará en vigor a lo largo de 2020 tras su aprobación en la Asamblea de Madrid, según las previsiones del Ejecutivo regional, tal y como ha desgranado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.
El Consejo de Gobierno ha conocido este martes un informe elaborado por la Consejería de Justicia, Interior y Victimas sobre el nuevo texto legal que permitirá estructurar un nuevo sistema autonómico integral de protección civil, establecerá los derechos y deberes de los ciudadanos en la materia y definirá las actuaciones ante los riesgos y las emergencias. La aprobación de este nuevo texto normativo hará que por primera vez la Comunidad de Madrid cuente con una ley propia que regule la actuación de todos los servicios del ámbito de la Protección Civil y Emergencias. Hasta ahora esta actividad se regía por una norma de ámbito estatal.
Contra los pirómanos
Entre las novedades que incluirá la nueva ley se encuentra la de regular la posibilidad de que la Comunidad pueda personarse en todos los procedimientos judiciales por incendios intencionados en la región. Con esta decisión, el Ejecutivo madrileño quiere poner uno de los focos en los pirómanos, que ponen en peligro "la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente".
Además, la Ley pretende mejorar el régimen disciplinario interno de los servicios de emergencias y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, con el objetivo de clarificar su actuación y la cadena de mando de este personal en los dispositivos de emergencias que se pongan en marcha en el futuro. Se mejorará la eficacia y la eficiencia de estos operativos.
El nuevo texto profundizará también en la normativa relativa a la auto-protección y prevención ante posibles desastres, concretando un régimen sancionador contra personas y entidades que lleven a cabo actuaciones negligentes y provoquen un daño al patrimonio natural o a las personas. Se ampliaría el umbral de seguridad y garantía de la sociedad frente a actuaciones negligentes.
Además, se planteará una reorganización de los centros de emergencia, dotando a los operadores del 112 de herramientas que mejoren su labor y faciliten su profesionalización. Se trata de crear un cuerpo propio de gestores de emergencias y que la Comunidad de Madrid establezca, vía ley, una escala de mando, una escala operativa y una categorización como funcionarios agentes de la autoridad de estos profesionales.
Por último, se plantea una mejora de la organización de los servicios de bomberos y una definición más clara de las competencias regionales y municipales en materia de protección civil, rescate y salvamento.
234 viviendas protegidas
La Comunidad de Madrid construirá 234 viviendas protegidas en la UVA de Hortaleza y en la colonia del Alto del Arenal después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado hoy la licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato de elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios así como el proyecto de ejecución y dirección de obra de las mismas, con una inversión de dos millones de euros, según explicó su portavoz, Ignacio Aguado.
Aguado informó de que se construirán, por un lado, 128 pisos en un único edificio situado en la UVA de Hortaleza y, por otro lado, se edificarán 106 viviendas que forman parte de las actuaciones de renovación de los alojamientos unifamiliares de la antigua colonia del Alto del Arenal.
