El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a aprobar este viernes la operación urbanística Madrid Nuevo Norte, conocida popularmente como Operación Chamartín, tras subsanar erratas e incorporar prescripciones técnicas, tal y como había pedido la Comunidad de Madrid el pasado 25 de marzo para dar su visto bueno a la mayor operación urbanística de la capital.
Un año después
Casi un año después de su primera aprobación por unanimidad, acordada en el pleno de Cibeles de julio de 2019 tras 26 años de bloqueo, los ediles madrileños han vuelto a aprobar este plan en la primera sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de la capital celebrada tras la pandemia del coronavirus, aunque esta vez se ha abstenido el PSOE.
Tras esta aprobación la Comunidad de Madrid hará efectiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el primer paso para el desarrollo del norte de Madrid, que tras décadas de modificaciones y bloqueo finalmente ve la luz con el texto que dejó la exalcaldesa Manuela Carmena y que redujo la edificabilidad respecto al ideado por la 'popular' Ana Botella.
Distrito financiero y viviendas
Madrid Nuevo Norte afecta a un espacio de 3 millones de metros cuadrados donde la promotora privada Distrito Castellana Norte edificarán 10.500 viviendas, 4.000 de ellas públicas, y un nuevo distrito financiero con la torre más alta de España -70 alturas- en suelos pertenecientes en su mayor parte a Adif. Además se reformará la estación de Chamartín.
25 años y 200.000 empleos
Este proyecto se desarrollará durante veinticinco años, y durante este mandato está previsto que empiece la urbanización, aunque tendrá que pasar otra década para que se empiece a construir los edificios. Supondrá una inversión de 7.100 millones y la creación de 200.000 empleos, directos e indirectos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado estos días que este proyecto señala el camino a seguir para la reactivación de Madrid.
Sin embargo, aunque el plan no tiene la oposición de ningún grupo municipal, colectivos vecinales como la FRAVM y Ecologistas en Acción lo rechazan por considerarlo un pelotazo urbanístico.
Ambas organizaciones han anunciado que llevarán el plan a la Justicia en cuanto se publique su texto definitivo mediante un contencioso administrativo. Consideran que es "un despropósito urbanístico que persigue ante todo trasladar suelos públicos a entidades privadas por un precio irrisorio".
