El exministro socialista Josep Borrell ha declarado en calidad de testigo este lunes en el juicio contra la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias que a los miembros del Consejo de Administración de la compañía se les comunicó que el Banco Santander puso como "condición inexcusable" para firmar la ampliación de capital que Felipe Benjumea fuera cesado como miembro del Consejo.
El exconsejero de la multinacional andaluza se ha pronunciado en la línea con la tesis mantenida por los cinco acusados en el procedimiento (entre ellos el expresidente Felipe Benjumea y su segundo Manuel Sánchez Ortega) y ha dicho que en la reunión del Consejo del 13 de septiembre por la cual se iba a firmar la operación, se les comunicó las exigencias establecidas por el presidente del Banco Santander España, Rodrigo Echenique, el cual hoy ha declarado como testigo que no fue una imposición de esta entidad sino una requerimiento de la comunidad financiera.
"La situación fue un poco de vodevil", ha indicado el exministro socialista que ha aclarado que el resto de bancos implicados en la operativa estaban de acuerdo con la misma y "aconsejaban" que se llevara a cabo. En concreto ha dicho que el HSBC "ya había dicho que sí" a esta ampliación por 650 millones de euros y que lo ocurrido aquel día 13 hizo retrasar los planes.
El político ha indicado que Benjumea reaccionó a este requerimiento alegando que él era la persona adecuada para dirigir la empresa (que llevaba presidiendo desde 1991) y que cualquier cambio implicaría "la llegada de un señor que no sabía de la misa la mitad". Finalmente acabó accediendo y dimitió como consejero y fue cesado como presidente. Borrell no participó en la reunión del Consejo del día 23 porque tenía que participar en un acto en San Fernando de Henares (Madrid) del cual no podía ausentarse y por eso delegó su voto en el también acusado Antonio Fornieles. "Pregunté el 22 si sabíamos algo de los bancos y pensé que el 23 no dirían nada más si aún no se habían pronunciado. Por eso yo delegué mi asistencia porque pensé que el tema estaba aparcado", ha dicho ante el tribunal.
NUEVOS CONTRATOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
En relación con la aprobación de los nuevos contratos de alta dirección en febrero de 2015, el expresidente del Parlamento Europeo ha explicado a preguntas de las partes que él era el presidente de la Comisión de Nombramientos en aquel momento y que aunque no habló con Benjumea de estas nuevas cláusulas (que incluían la obligación de no competencia postcontractual durante dos años) le consta que "no estaba muy satisfecho" con las mismas.
Según sostiene el fiscal del caso José Perals, ni Benjumea ni el exconsejero delegado Sánchez Ortega (para los que pide cinco años y cuatro y tres meses de cárcel por delito de administración desleal) tenían derecho a cobrar las indemnizaciones de 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente y que con su salida en 2015 buscaron "aparentar su marcha como si fuera una condición impuesta por los bancos".
EL SANTANDER NO IMPUSO LA SALIDA DE BENJUMEA
El vicepresidente del Banco Santander y presidente del Santander España, Rodrigo Echenique, ha defendido este jueves en el juicio que sigue la Audiencia Nacional contra la excúpula de Abengoa que la entidad no impuso la salida de Felipe Benjumea de la multinacional como condición para participar en la ampliación de capital si bien advirtió que la comunidad financiera no tenía "en absoluto" confianza en la gestión del entonces presidente y que si este no cesaba no se podría sacar adelante la operación.
¿Lo que hicimos fue una imposición? No, porque no podemos imponer, pero dejé claro desde el primer momento que la operación no podía salir. No era una opinión nuestra, porque se lo hubiera dicho el primer día y no lo hice, lo palpamos de la comunidad financiera", ha dicho Echenique que ha matizado que fue sincero con Benjumea: "Mientras estés al frente, esto no sale", expuso.
El directivo del Santander declara en calidad de testigo en esta cuarta sesión de vista oral contra el que fuera presidente entre 1991 y 2015 además del exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y otros tres miembros de la Comisión de Nombramientos de Abengoa por las indemnizaciones millonarias que se devengaron a los dos primeros tas su salida de la empresa.
Según la Fiscalía, ambos aparentaron su salida de la empresa pero siguieron vinculados a la misma para cobrar las cuantías estipuladas en los nuevos contratos para la alta dirección, que en el caso de Benjumea eran de 11,5 millones de euros y en el de su número dos de 4,5 millones.
Echenique, que ha matizado que ""en ningún momento intervinieron" en las condiciones sobre el pago de dichas indemnizaciones, ha explicado que fue en agosto cuando los hermanos Javier y Felipe Benjumea acudieron a su domicilio para exponerle que la situación de la multinacional sevillana era "bastante dramática" y que precisaban de una ampliación de capital. Este le respondió que "les iba a ayudar en todo lo que pudiera" porque Abengoa "tenía que sobrevivir".
Un mes después, en septiembre de 2015, el testigo comunicó por un lado a Antonio Fornieles -miembro de la Comisión de Nombramientos y uno de los cinco imputados-- y por otro al propio Benjumea, que la comunidad internacional "no creía en la gestión de la compañía" y que la operación no saldría con el presidente al frente, el cual no "opuso resistencia" a abandonarla por el bien de la misma.
"LAS CUENTAS NO ESTABAN CLARAS"
Sin embargo ha desmentido que esta condición naciera del Banco Santander --como así lo han explicado los cinco acusados durante su declaración en calidad de investigados-- y ha precisado que si la operación de ampliación de capital por 650 millones en la que participaban otros tres bancos no salió adelante es porque "ninguno" quiso participar en la misma ya que "las cuentas no estaban claras". "Nosotros apoyamos sistemáticamente a la compañía durante todo el proceso", ha indicado.
También ha dicho que se enteró por la prensa de que, tras el cese de los dos exdirectivos (en junio y septiembre de 2015) ambos siguieron ligados a la empresa con un contrato de prestación de servicios para asesorar a sus respectivos sucesores. A juicio del fiscal José Perals, se trató de un movimiento para aparentar su marcha de la sociedad como si fuera una condición impuesta por los bancos cobrando las indemnizaciones "a las que no tenían derecho" por la situación de endeudamiento de la compañía.
El vicepresidente del Banco Santander ha insistido en varios momentos de su declaración que él se desentendió de las negociaciones posteriores. "Esa pregunta me ofende", ha dicho tras ser cuestionado sobre si fue la entidad que preside Ana Patricia Botín la que precipitó la caída de la empresa que controla la familia Benjumea desde los años cuarenta.
